Guillermo Ramón Ruiz «el vínculo entre los diferentes niveles educativos es central para favorecer el tránsito entre la primaria y la secundaria y entre ésta y la educación superior»

1. Como docente que estoy en el aula la consulto: ¿Deberíamos fortalecer la articulación entre el último año de la escuela secundaria, las carreras terciarias docentes y las universitarias? ¿De qué modo?
Ciertamente, el vínculo entre los diferentes niveles educativos es central para favorecer el tránsito entre la primaria y la secundaria y entre ésta y la educación superior. Nuevamente aquí se requieren políticas que tengan un diagnóstico previo de las realidades educativas de cada región, de cada nivel y de la población que asiste a las instituciones para establecer vínculos que permitan que dicho tránsito entre los niveles sea más favorable al estudio y los aprendizajes, la retención y el egreso. Por ejemplo, en algunos países existen determinadas dependencias estatales, en los ministerios nacionales o locales, que desde los últimos años de la educación primaria orientan a la población escolar para sus estudios en el nivel superior a través de cursos o actividades extracurriculares que los familiarizan con ciertos campos profesionales.
Otras acciones deben acontecer -como bien pregunta usted- en el nivel secundario pero no necesariamente en el último año de la escuela sino antes para ofrecer experiencias de estudios similares a las que se encontrarán en el nivel superior.

2. . ¿Qué criterio crees que debería seguir un docente para elegir y utilizar una herramienta digital en su metodología de enseñanza?
Lo primero en este tema es la conectividad, antes de pensar en criterios para seleccionar tecnologías educativas digitales, se debe garantizar que todo el alumnado pueda tenga conexión estable y continua así como también dispositivos que le permita resolver las tareas propuestas por sus docentes. Parece que no se aprendió de la experiencia (esto es mundial, no se limita al caso argentino) de los años previos donde fue evidente que la conexión no era óptima, ni lo es en la actualidad. El mercado de prestadores de los servicios de internet es oligopólico, no hay competencia entre las empresas y en algunas partes de las ciudades y provincias no existe más que un proveedor que tiene el monopolio y un servicio deficitario. A lo cual se le suma la ausencia de mecanismos de defensa del consumidor (a pesar de que ello también está garantizado por nuestra Constitución) y da como resultado un contexto muy contrario a la aplicación de tecnologías educativas digitales en la escolarización.
Los criterios para seleccionar y utilizar las herramientas que menciona deberían ser los mismos que se usan para otras tecnologías educativas (no digitales), se debe optar siempre por aquellas que favorezcan el desarrollo de los contenidos curriculares de la forma más efectiva para la consecución de los aprendizajes. En ello se debe respetar el
desarrollo evolutivo de la población escolar y también se debe contemplar las características del contenido escolar a trabajar: no es equivalente la educación artística con la educación física o con la lecto-comprensión o con la escritura o la geografía. Asimismo, hay docentes que son muy hábiles y tienen mucha creatividad para la utilización de estas herramientas digitales y otros en cambio lo son para el manejo de grupos de aprendizaje o de experiencias vivenciales en la presencialidad. Todas las tecnologías educativas deberían ser soportes para el desarrollo de las estrategias de enseñanza más apropiadas para docentes y estudiantes, es decir, debería ser en última instancia un criterio más casuístico en el marco del proyecto educativo institucional.

3. ¿Es la evaluación un espacio de conflicto en las escuelas? ¿La evaluación es una pieza clave en el aprendizaje o parte del aprendizaje?
La evaluación es subsidiaria de la enseñanza: no se puede evaluar aquello que no se enseña ni tampoco evaluar de manera diferencial a cómo se enseñan los contenidos curriculares. En general una crítica que se ha realizado a la cuestión del lugar que ocupa la evaluación dentro de las prácticas de enseñanza es que la actitud evaluadora ha cambiado el interés por conocer, por el interés por aprobar, en tanto que en la educación formal se estudia más para aprobar más que para aprender. Este problema, ha llevado a pensar a la evaluación como un lugar de inversiones en la medida en que el examen se ha constituido en un instrumento que permite invertir los problemas sociales en problemas pedagógicos por lo que la cuestión pedagógica pierde rigurosidad en su análisis. Por ello, el debate de la evaluación se ha convertido en una cuestión técnica. Esto ya ha sido advertido hace varias décadas en diferentes investigaciones.
Asimismo, la evaluación ha estado afectada por una serie de suposiciones que llevan a pensar que es posible medir los aprendizajes en el mismo momento en que transcurren y que es factible la construcción de situaciones ad–hoc para realizar esa medición. Sin embargo, las investigaciones en el campo de la didáctica han demostrado que los aprendizajes requieren de tiempos de consolidación en los que contenidos enseñados pueden ser relacionados con otros y que, además, pueden ocurrir en contextos externos al escolar, fuera del horario de las clases y cursos y en
tiempos diferentes a los previstos en la programación que realizan el docente y que están pautadas por las instituciones en función de las políticas educativas.
Por ello, podríamos decir que para que la evaluación de los aprendizajes tenga sentido y resulte útil, el docente cuenta con una un conjunto de instrumentos que le permiten evaluar diferentes aspectos de los aprendizajes de sus estudiantes pero, para que ello ocurra, deben resultar pertinentes, es decir, apropiados, respecto de las actividades y
componentes que integran el proceso educativo. Los sistemas de calificación empleados en la evaluación de los aprendizajes y los regímenes de promoción de los alumnos constituyen componentes esenciales de la evaluación que se utiliza y ejercen efectos normativos sobre las acciones de enseñanza y de aprendizaje ya que suelen operar como determinantes de las prácticas pedagógicas. Por consiguiente, es preciso trabajar de manera integral sobre la enseñanza y la evaluación ya que, como he dicho, la última es subsidiaria de la primera.

4. Usted en el CONICET investiga “énfasis en las políticas relativas al derecho a la educación” ¿En que consiste la esta investigación?
Hace varios años que trabajo con colegas que provienen del derecho, en la Universidad de Buenos Aires, y ciertamente es un aprendizaje continuo poder pensar y estudiar a la educación como un derecho humano, como el más igualador de los derechos humanos, como le decía previamente. En el equipo de trabajo analizamos diferentes dimensiones del derecho a la educación: aquellas vinculadas con las obligaciones estatales; las que refieren al análisis constitucional en el Estado federal argentino; las comparación regional e internacional de las cláusulas constitucionales a la luz del derecho internacional de los derechos humanos; y también cuestiones curriculares (hemos concluido recientemente un libro sobre la formación ciudadana en la educación obligatoria en el marco del federalismo). Cuanto más analizo el tema, más tareas y más preguntas me surgen ya que tengo mucho que aprender al respecto.
Sobre todo a partir de los efectos de la pandemia y también de algo que usted preguntó: la irrupción de las tecnologías educativas digitales que dieron lugar a nuevas configuraciones didácticas en el aula y también nuevas formas de privatización de la escolarización. Con esto último me refiero a la proliferación de mercados tecnoeducativos, o sea, las nuevas formas de ganancia de capital en las que diversos actores de la industria privada actúan en ámbito locales y ofrecen la infraestructura pública como un servicio privado. Esto es, consiguen beneficios económicos directos mediante la extracción de datos educativos para la posterior provisión de los servicios digitales que necesitan los sistemas educativos públicos. Son corporaciones que venden soluciones tecnológicas a los gobiernos, que incluyen redes iniciales para transmitir datos, infraestructura (computadoras, tabletas, pizarras digitales), servidores, plataformas digitales, aplicaciones y programas de formación, e incluso tecnologías digitales muy especializadas para el procesamiento del big data, e-learning e inteligencia artificial. Como puede verse, el tema tiene alta relevancia para el presente y es un área que para su comprensión requiere del diálogo y el estudio conjunto de las ciencias jurídicas y de las ciencias de la educación, sobre todo si se adopta el enfoque de derechos humanos aplicado a la educación.

Gracias Guillermo

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