Diputados de la oposición, en Argentina, presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años y otorgar un aumento de hasta $119.473 sobre los ingresos de los docentes estatales de todo el país para subsanar la pérdida del poder adquisitivo generada durante el gobierno de Javier Milei. Afirman que los salarios de los educadores perdieron un 19% en dos años. También proponen usar fondos no ejecutados por Nación para inversión en infraestructura escolar, el proyecto es declarar la emergencia salarial educativa por cinco años y crear un refuerzo mensual de hasta $119.473 por cargo entre marzo y diciembre. La iniciativa propone financiarlo con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reasignar $740.500 millones no ejecutados en 2025 para infraestructura escolar. El movimiento no es solo presupuestario: busca reabrir la disputa política por el financiamiento educativo frente al recorte aplicado por el gobierno nacional.
El dato que estructura el debate es contundente: entre 2023 y 2025 el salario docente perdió en promedio un 19% de poder adquisitivo, con retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones. En paralelo, la inversión educativa real cayó 47,7% durante la actual gestión y descendió del 1,4% del PBI en 2023 al 0,82% en 2025, el nivel más bajo desde 2005.
En este sentido, Nicolás Trotta, uno de los impulsores, afirmó: «Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación. La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación». Trotta agregó: «Mientras el gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, fija aumentos en cuotas que no alcanzan y profundiza el ajuste educativo, nosotros proponemos una herramienta concreta para recomponer ingresos y sostener el sistema educativo».
Se denuncia la ausencia de una paritaria nacional que ordene el salario y el veto a leyes de financiamiento educativo. «El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia», indican. Los legisladores critican que, aunque el Poder Ejecutivo declaró a la educación como un «servicio esencial» mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), paralelamente la desfinancian eliminando el FONID y bloqueando las paritarias. Señalan que esta «esencialidad» es usada como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa ni con la dignidad de quienes trabajan en las aulas.
La propuesta contempla un Complemento Federal para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal de $52.269 mensuales, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajan en escuelas de alta vulnerabilidad. a iniciativa fue presentada por diputados de múltiples vertientes políticas, entre los que se destacan miembros de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, entre otros, quienes destacan que en 19 de las 24 jurisdicciones se generaron retrocesos en los salarios docentes.
Entre los motivos que esgrimen los legisladores, señalan que durante el gobierno libertario la inversión educativa real cayó 47,7%. Se proponen destinar fondos no utilizados en 2025 del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, equivalentes a $740.500 millones, para obras, reparaciones y mantenimiento en todo el país. El 75% se orientaría a mejorar la infraestructura educativa estatal de nivel inicial, primario y secundario, y el restante 25% a establecimientos de educación técnica estatal de nivel secundario.
Destacan que esta inversión es clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación afectados por los recortes. Subrayan que el proyecto no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación, sino que reasigna recursos existentes. Aseguran también que el ajuste en la educación «pone de manifiesto una incongruencia en el relato oficialista», ya que, al mismo tiempo, el el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), declaró a la educación como un «servicio esencial». «Declarar la educación como prioritaria en los papeles pero desfinanciarla en los hechos, eliminando el FONID y paralizando las paritarias, revela que la «esencialidad» es utilizada apenas como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa o la dignidad de quienes sostienen las aulas», criticaron.
Los autores del proyecto aseguran que «la situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno», y que «el poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias».
La iniciativa cuenta con la firma de los diputados Nicolás Trotta de la Provincia de Buenos Aires, Natalia De la Sota de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto de Buenos Aires, Guillermo Snopek de Jujuy, Marcela Pagano de Buenos Aires, Sebastián Galmarini de Buenos Aires, Esteban Paulón de Santa Fe, José Glinski de Chubut, Mónica Frade de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moira Lanesan Sancho de Santa Cruz, Agustina Propato de Buenos Aires, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Martín Aveiro de Mendoza, Jorge Chica de San Juan, Cristian Andino de San Juan, Pablo Yedlin de Tucumán, Ernesto Alí de San Luis, Luis Basterra de Formosa, Raúl Hadad de Corrientes, Santiago Roberto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Mango de Río Negro y Pablo Todero de Neuquén.
Fuente: Ambito Financiero y https://economis.com.ar
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