Un buen amigo se acercó el otro día al centro donde trabajo, un instituto de Secundaria.
Mantuvimos una conversación agradable hasta que, cuando miró a mi alrededor y detectó el bullicio habitual de los adolescentes, me dijo algo que no me sonó a nuevo: “la enseñanza tendría que ser una profesión de riesgo”.
El asunto está en que uno se para a mirar alrededor y si damos una respuesta emocional, le daría la razón. De hecho sería normal responder con un “y qué lo digas”. Una respuesta más sopesada, en cambio, me ofrece otros puntos de vista que pongo sobre la mesa. Espero que genere un debate sano y, en todo caso, necesario.
No niego que sea creciente la percepción de esa persona que me visitaba una mañana normal de instituto: la docencia se ha convertido en una profesión de riesgo. No parece una exageración retórica ni otra queja corporativa: detrás tiene un malestar profundo, acumulado durante años y que desde hace tiempo busca nombre. Sin embargo, opino también, y ahí está el dilema, que es una etiqueta peligrosa, porque corremos el riesgo de simplificar un fenómeno complejo y desplazar la conversación hacia lugares donde quizá no convenga instalarse, y más viendo la radicalización de muchos debates públicos.
Tal vez ese amigo que me visitó partía de una evidencia incómoda como tal vez parten muchos de ustedes: si yo veo a muchos adolescentes juntos en la explosión de lo que representa esta edad, puedo deducir que enseñarles hoy implica exponerse a una presión emocional, social y administrativa que no siempre se reconoce.
La violencia física es minoritaria, pero reconozco que tiene carga simbólica y presencia amplificada en medios de comunicación que cultivan el sensacionalismo. A mí, la violencia que más me preocupa es la que ejerce a través de la desconfianza, la sospecha permanente, la judicialización del conflicto, los enfrentamientos entre nosotros o la erosión de la autoridad profesional, de la que ya he hablado otras veces.
Los docentes nos movemos en un ecosistema donde debemos andar con pies de plomo. La frontera entre el error humano y la falta profesional se ha vuelto difusa. A esto se suma una carga burocrática que no solo roba tiempo, sino que transmite un mensaje claro: no basta con enseñar, hay que demostrar que se enseña, justificar cada decisión y blindarse ante cualquier contratiempo. Ese clima de vigilancia, más que proteger, desgasta. Ahí hay un problema.
También está el riesgo emocional, del que se habla poco porque no deja marcas visibles.
La docencia implica sostener a adolescentes que viven en un mundo acelerado, fragmentado y a menudo hostil. Implica absorber tensiones familiares, gestionar frustraciones ajenas, acompañar procesos vitales que no siempre tienen salida fácil. Y hacerlo, además, sin los recursos suficientes, con ratios elevadas y con la sensación de que la responsabilidad última recae siempre en el profesor. No es extraño que muchos hablen de agotamiento, de desgaste, de una especie de erosión lenta que no aparece en las estadísticas, pero que condiciona la vida profesional y personal de quienes enseñan. Y entonces es cuando se valoran riesgos en la profesión.
Desde esta perspectiva, reconozco que considerar la docencia como profesión de riesgo podría tener efectos positivos. Serviría, tal vez, para reconocer institucionalmente lo evidente: que el trabajo docente exige fortaleza emocional y gran capacidad de gestión de conflictos. Podría abrir la puerta a medidas de protección específicas, protocolos más claros o apoyo psicológico real, pasando por una reducción de ratios, aumento de retribuciones o una formación más sólida en mediación y convivencia. También podría contribuir a dignificar la profesión, recordando que enseñar no es un acto neutro, sino una tarea que implica exposición, responsabilidad y también vulnerabilidad.
Sin embargo, la etiqueta también tiene sombras. Hablar de “profesión de riesgo” puede reforzar una narrativa victimista que, aunque comprensible, no siempre ayuda. Puede fijar la mirada en el peligro y no en la posibilidad, en la amenaza y no en la capacidad transformadora que sigue teniendo la escuela. Puede, incluso, alimentar la idea de que el aula es un espacio hostil por naturaleza, cuando en realidad es un espacio de encuentro que alberga cosas dignas de elogiar cada día. Además, existe el riesgo de que esta denominación se utilice como coartada para no abordar los problemas estructurales: falta de recursos, precariedad de algunos centros, ausencia de políticas de convivencia sostenidas en el tiempo o la necesidad de un gran pacto por la educación.
Otro peligro que veo en la etiqueta de “riesgo” es que acabe reforzando la distancia entre docentes y familias, como si fueran actores enfrentados. La mayoría de las familias que he conocido en mi vida han confiado en la escuela y valorado el trabajo docente, pero el discurso del riesgo puede alimentar la sospecha mutua y convertir los desacuerdos en amenazas. Nuestra escuela necesita más puentes que trincheras, y aunque sea cierto que hay situaciones que requieren firmeza y protección, también lo es que la convivencia escolar se construye desde la corresponsabilidad, no desde la lógica del peligro.
Enseñar como profesión de riesgo podría tener otros efectos simbólicos no deseados. Podría transmitir a los futuros docentes la idea de que están entrando en un territorio hostil, no en un espacio de crecimiento profesional y humano. Podría reforzar la percepción social de que la escuela es un problema y no una posibilidad. Podría también desplazar el foco hacia la protección individual, cuando lo que realmente se necesita es una protección colectiva. Incido en esto de nuevo: mejores condiciones laborales, más recursos, más tiempo para coordinarse, más estabilidad en los claustros y más reconocimiento institucional.
Quizá lo que tenía que haber respondido a ese amigo que me visitó aquella mañana no es si la docencia es o no una profesión de riesgo, sino plantearle qué tipo de riesgos merecen la pena asumirse. Educar siempre implica riesgo: el riesgo de equivocarse, de no llegar a tiempo, de no tener todas las respuestas. Pero también implica el riesgo —mucho más valioso— de contribuir a que muchas vidas cambien, de ayudar a quien menos puede, de acompañar en experiencias que solo se pueden vivir dentro de un centro educativo. Ese riesgo, el de educar en su sentido pleno, dignifica la profesión.
Por eso, más que reclamar una etiqueta, tal vez nos convenga reclamar un marco. Un marco que reconozca la complejidad del trabajo docente sin convertirlo en una profesión ni heroica ni amenazada. Que proteja sin infantilizar, que acompañe sin invadir y que dote de recursos sin más burocracia paralizante. Un marco que permita a los docentes hacer lo que mejor saben hacer: enseñar y acompañar.
A lo mejor, algún día, en lugar de aquella conversación con aquel conocido, tengamos otras donde nos preguntemos si estamos dispuestos a asumir el riesgo que supone no cuidar la educación pública. Ese sí que sería un riesgo real, con consecuencias profundas.
No solo para quienes enseñan, sino para toda una sociedad atravesada por lo que ocurre cada día dentro de un aula, mientras trabajamos en esa profesión de riesgo.
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