En medio de las reformas que conforman la polémica “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como “Ley Ómnibus”, propuesta por el actual presidente Javier Milei, se esconde un cambio que amenaza con apagar la luz de las Bibliotecas Populares de todo el país. La quita del fondo especial proveniente de un porcentaje de los premios de la Lotería Nacional, destinado a financiar estas instituciones, pone en riesgo no solo el acceso a la lectura, sino también la preservación del legado cultural y educativo que estas representan.
Respaldadas por más de 150 años de historia, las Bibliotecas Populares son una parte esencial del tejido cultural argentino. Creadas durante la presidencia de Sarmiento, quien también estableció la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), representan un legado de defensa de la educación pública en el país. Sin embargo, la reciente reforma las deja en una posición vulnerable al depender exclusivamente de los subsidios que el Congreso pueda otorgarles, siempre y cuando puedan demostrar la «necesidad social de los servicios».
Actualmente, muchas de ellas subsisten gracias al aporte de sus socios y voluntarios, porque aún hay quienes consideran y reconocen que se han convertido en centros culturales dinámicos. Ofrecen talleres literarios, clubes de lectores, actividades infantiles, proyectos literarios en las escuelas y promoción de la alfabetización temprana. Son verdaderas entidades de la economía social, actuando como puntos de encuentro para la comunidad y promoviendo la interacción y participación ciudadana.
Durante la pandemia, la asistencia de la CONABIP fue crucial para muchas de estas bibliotecas, pero ahora, con la amenaza de recortes en programas de gastos corrientes, promoción de la lectura, preservación patrimonial y equipamiento tecnológico, se avecina una tormenta perfecta. Estos recortes no solo debilitarán la infraestructura de las Bibliotecas Populares, sino que también afectarán directamente a la educación, la cultura y la cohesión comunitaria.
Este ajuste económico es una desinversión en el tejido cultural y educativo del país, ya que no solo priva a la sociedad de una herramienta vital para la educación y el acceso a la cultura, sino que también socava el legado de Sarmiento, un defensor de la educación pública y la cultura en Argentina.
Quitar el respaldo financiero a las Bibliotecas Populares no resuelve los problemas del país, al contrario, profundiza las brechas culturales, educativas y amenaza nuestra identidad cultural. El acceso a la cultura y la educación no debe depender de la buena voluntad del Congreso, sino ser garantizado como un derecho por el Estado.
La cultura no debería considerarse un lujo, sino un derecho fundamental para todos los argentinos y las argentinas. ¿Acaso hay algo más detrás de estas medidas que funcione como una barrera para el acceso a la cultura y la información? Esta situación plantea interrogantes sobre el compromiso real con la educación y la cultura en el país.
La nota de opinión fue realizada por Julián Martínez, Concejal de la ciudad de Santa Fe, por la UCR – Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe.
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