1. El concepto de calidad de la educación conlleva posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. ¿Usted en qué tópicos pone énfasis al hablar de un proyecto educativo de educación desde su espacio político?
Nuestro posicionamiento parte de entender la educación como una inversión y no como un gasto, siendo que ésta tiene la mayor tasa de retorno desde el punto de vista social: hay más oportunidades, más capacitación, más trabajo, más productividad, más integración, más desarrollo y más progreso. Además la educación de calidad es una de las herramientas más poderosas para revertir la pobreza infantil, que en nuestro país ya supera el 50% y afecta a más de 5 millones de niños/as menores de 14 años. En este sentido, nuestra tarea como legisladores y como espacio político, es frenar y revertir el deterioro que viene sufriendo la educación en todo el país, principalmente en el sector público. Esto es posible, llevando adelante propuestas que jerarquicen una educación de calidad en todo el país, eliminen los obstáculos y a la vez igualen las posibilidades. Y en este punto, mucho tiene que ver el enfoque en la manera de gestionar.
Necesitamos promover la equidad en el acceso, garantizar la regularidad escolar, mejorar los niveles de trazabilidad que tenemos de los estudiantes en todo el país, involucrar más y mejor a las familias, mejorar las condiciones de formación y de trabajo de los maestros y profesores, aumentar la calidad de los aprendizajes sobre todo en los desempeños en lengua y matemática, aumentar y sostener la inversión en la infraestructura edilicia, desarrollar innovación, formación y capacitación incluyendo las tecnologías de la Información.
Dentro de las iniciativas que estamos llevando adelante desde nuestro Bloque Evolución Radical, hemos conseguido que en el tratamiento del presupuesto 2023, se incluya la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias los gastos que se destinen a la educación hasta un 40% para todos los trabajadores (en relación de dependencia o no).
También uno de los proyectos que estamos impulsando es declarar la educación como servicio estratégico esencial. Desde la vuelta a la democracia no hubo un solo año lectivo en que niños y niñas de nivel primario en Argentina hayan tenido 180 días de clases. Tenemos un Estado, que hace 39 años incumple las propias obligaciones autoimpuestas (Convención de los Derechos del Niño y Ley 26.061 de Protección Integral). En 2020, solo 10 provincias cumplieron con los días de clase. En 2021, 14. Y en lo que va de 2022 ya hay 3 que no lo podrán cumplir. Por eso sostenemos que ante un conflicto gremial los niños/as no pueden ser víctimas de los conflictos entre adultos y se deben garantizar guardias mínimas como se hace en otros países.
A su vez, dentro de la educación existe la oferta de cuidado educativo para la primera infancia que se encuentra muy desprotegida. Sobre todo en lo referente a la franja 0 a 3 años vemos que está caracterizada por la falta de integralidad, escasa oferta y sostenibilidad en la inversión. En este nivel conviven instituciones oficiales y no oficiales, jardines de infantes y espacios de desarrollo infantil que registran muy bajas tasas de matriculación en los más chicos, predominando sobre todo las de gestión privada. Esto combinado con la falta de oferta pública, nos pone frente a una de las grandes deudas que tenemos con la educación de la primera infancia, fundamental no sólo para el desarrollo de los niños/as sino también para reducir la desigualdad y las brecha de género. Uruguay es uno de los países que está priorizando la primera infancia en la gestión de las políticas educativas, y esto nos parece que es un ejemplo que debemos imitar y observar desde muy de cerca.
2. ¿Es importante enseñar política en la escuela? ¿Piensa que en lo curricular hay adoctrinamiento actualmente en la escuela?
Los docentes tienen una tarea muy importante dentro de las aulas en relación a promover los debates y valores democráticos, y en este sentido, la política es fundamental como toma de posición pero es conveniente cuidar que se desarrolle en los marcos del respeto.
Los estudiantes tienen derecho a saber qué es lo que está pasando y a opinar, pero siempre cuidando el intercambio de ideas y la adaptación de los contenidos según las edades. Por el contrario, el adoctrinamiento no es educación, es asimetría de poder, violencia y vulneración de derechos. Este es un tema que nos preocupa y que seguimos muy de cerca siempre controlando desde el Congreso de la Nación, porque es gravísimo que los gobiernos crean que estar en el poder les otorga derechos políticos sobre la infancia y la adolescencia. Un ejemplo que podemos citar fue lo que sucedió en 2020 en el nivel inicial con los cuadernillos que lanzó el Ministerio de Educación durante la pandemia. En este material se les pedía que leyeran un artículo de Página/12 (publicado el 3 de abril) que destacaba un proyecto de una legisladora porteña Lucía Cámpora, integrante de la agrupación juvenil kirchnerista, y a partir de ello se les indicaba que generen diálogos con sus familiares sobre la importancia de contar con leyes que lo proteja. Para los alumnos de 4° y 5° grado (9 y 10 años) con el fin de la abordar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se les proponía que lean el artículo 8 del decreto firmado por Alberto Fernández:Los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales;. Y a los alumnos de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) se les brindaban consignas que resaltan las políticas del gobierno durante la crisis sanitaria.
3. La negación de los problemas no sólo no resuelve nada, sino que muchas veces los incrementa le pregunto: ¿En educación que problema niega el gobierno nacional y que sin duda a la larga se pagara con calidad educativa?
Muchas veces lo que notamos es la resistencia a cambiar de enfoques, sobre todo aquellos que tienen que ver con la primacía de la mirada de los adultos sobre los intereses de los niños/as, perjudicando el derecho a la educación. Esta mirada adultocentrista nos aleja completamente del diagnóstico de las situaciones y también de la posibilidad de diseñar e implementar nuevas políticas que tiendan a una mayor calidad educativa. Por poner un ejemplo, hoy se interrumpen las clases ante conflictos gremiales y el gobierno nacional permite que esto suceda. También suceden situaciones incomprensibles como el último paro de CTERA el 10 de agosto de este año, donde el gremio comenzó una huelga nacional ya no por un motivo sindical sino por una razón política, un fallo judicial en Chubut. Ante estos intereses contrapuestos ¿por qué priman siempre los de los adultos? ¿qué significa entonces el principio del “interés superior del niño” si no que, ante intereses contrapuestos, prevalezca el de las infancias? o ¿cómo hablar “del niño sujeto de derechos” si resultan objeto de las decisiones inconsultas de los adultos?.
4. Diputada usted en una ocasión expresó: “La educación digital debe implementarse respetando los derechos de niñas, niños y adolescentes” entonces la consulto: ¿Transformar la educación desde la tecnología o transformar la tecnología desde la necesidad educativa?
La educación digital es un recurso tecnológico indispensable. Como tarea, debemos transformar la educación incluyendo la tecnología y ésta también debe adaptarse a las necesidades educativas, respetando los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Desde el Congreso de la Nación, durante la pandemia, avanzamos en la consideración de la modalidad digital; lo cual abrió la puerta a los debates sobre la pluralidad en el acceso a estas herramientas de una forma que antes no estaba instalada. Una de estas primeras manifestaciones fue la aprobación de la la modificación de la Ley Nº 27.550: Se votó y sancionó la modificación al artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Tal modificación fue propiciada en el entendimiento de que, en su redacción anterior, el marco legal no era el adecuado para implementar la educación a distancia en la manera en que se intentaba desde el comienzo de la pandemia ya que no admitía el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de dieciocho (18) años de edad. La modificación implicó habilitar tal circunstancia ante casos de fuerza mayor, en los que se deberán adoptar disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Así como a la provisión de recursos tecnológicos y conectividad y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
En mi caso, he presentado un proyecto proponiendo la creación de un Programa de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Educación Digital. Con el acompañamiento de más de 25 diputados/as, el proyecto tiene por objeto poner en el centro de la discusión sobre educación digital la cuestión de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es que, al hablar de educación digital y estudios a distancia, la problemática no puede agotarse únicamente en la accesibilidad y la provisión de los dispositivos.
Derechos como la intimidad, la educación, el acceso a la información, a crearse una opinión crítica, la prerrogativa de ser oídos, la protección contra diferentes vicios de los sistemas informáticos (grooming, ciberbullying, etc.) y el reconocimiento de la autonomía progresiva deben ser consagrados de manera específica de manera que esta nueva práctica educativa se vea compatibilizada con el interés superior de los/as niños/as.
5. ¿Usted es Politóloga que mensaje les puede dejar a los alumnos del último año de la secundaria que este año están por elegir esta carrera? ¿Qué les diría sobre el estudio de la misma?
Pensar. Cuestionar. Proponer. Reformar. Innovar. Estos son los grandes aportes de la ciencia política a la democracia Argentina. Les diría que la persona que elige esta profesión, es aquella que se comprometerá toda su vida a mejorar el modo en que vivimos. Y de este modo la vivimos, reflexionando de los avances, los retrocesos y las materias pendientes en nuestro país, en las democracias latinoamericanas y en el mundo. Porque como bien decía
Guillermo O´ Donnell “La tarea de un intelectual, en épocas actuales, es hacer una crítica democrática a la democracia”.
Gracias Carla
Perfil de la Diputada Nacional Carla Carrizo. Carla Carrizo es politóloga y docente argentin. Diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue directora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad del Salvador y es docente de la Universidad de Buenos Aires.
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