Nota de opinión realizada por: Yamila Goldenstein Jalif*
Hace pocas semanas circuló en algunos medios la propuesta del gobierno nacional de implementar un examen obligatorio para el alumnado que finaliza el nivel secundario en Argentina. Se trata de un examen de “bajas implicancias” ya que sus resultados no serían vinculantes con la certificación del nivel, aunque estarían disponibles para las familias. Si bien por el carácter federal de nuestro sistema educativo esta medida debería ser discutida y aprobada en el Consejo Federal de Educación, su mención en los medios invita a pensar algunos posibles alcances en el contexto político actual.
Los exámenes de terminalidad, especialmente los de altas implicancias, se utilizan en muchos países para seleccionar y clasificar al estudiantado, a la docencia y las instituciones. Por ejemplo, según el puntaje obtenido, habilitan a las y los estudiantes para cursar ciertas carreras universitarias y no otras. Lo hacen bajo el supuesto de que el logro académico es producto del estudio, el esfuerzo y la capacidad o aptitud, pero ocultan otras variables que inciden en los mecanismos de selección. En relación con los resultados por escuela, en algunos casos se utilizan para la clasificación de instituciones, y la asignación de recursos públicos según los resultados obtenidos, y/o para otorgar incentivos económicos a la docencia (premios salariales).
¿Qué efectos puede tener esta medida en el contexto político actual de nuestro país?, ¿por qué puede tratarse de una política tendiente a la restricción del acceso a la educación superior?
En nuestro país el Estado Nacional es garante del derecho a la educación. La gratuidad es un derecho constitucional y el acceso a todos los niveles educativos es irrestricto.
La ley de secreto estadístico protege a los diferentes actores del sistema educativo del uso de los datos y de la información que se releva en distintas instancias dentro y fuera del sistema. En el contexto actual, el gobierno nacional prevé un fuerte achicamiento del Estado con un discurso que golpea a la educación superior (pública) y su docencia y con medidas concretas como el desfinanciamiento de las universidades nacionales a través del congelamiento del presupuesto y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que, si bien afecta a toda la docencia, repercute con fuerza en este sector. Por ello, resulta preocupante el planteo de una medida que se ubica en la “bisagra” entre el nivel secundario y el nivel superior.
¿Qué nos aportan los estudios sobre las desigualdades educativas para pensar las políticas educativas?
Los estudios sobre la reproducción de las desigualdades sociales, económicas y culturales (Baudelot, y Establet, 1975; Bourdieu, 1987) han sido fértiles para explicar los mecanismos que profundizan relaciones entre las desigualdades de origen y las desigualdades educativas.
Estudios locales retoman las investigaciones previas y aportan nuevas categorías como segmentación, fragmentación y segregación (Braslavsky, 1985; Tiramonti, 2005; Kesler, 2002; Bottinelli, 2017, Vázquez, 2011) para describir en diferentes períodos las dinámicas que configuran las desigualdades educativas en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires.
Más recientemente algunos autores sugieren otras perspectivas de análisis. El español António Viñao (2023) retoma estudios en Europa y Estados Unidos sobre las estrategias de los sectores social y económicamente favorecidos para sostener a sus hijas e hijos en los lugares más altos del sistema educativo, haciendo uso de información y recursos para ubicarlos en las escuelas más prestigiosas, y promover el desarrollo de habilidades que los profesores luego consideran “mérito académico”. Refiere a la “educación en las sombras” a partir de la tesis del sociólogo Carlos Gil Hernandez y del estudio de Moreno Olmedilla. La educación en las sombras constituye una “oferta paralela de educación” (Viñao, 2023, p 50) que va desde el consumo de clases particulares, tutorías privadas, academias para la preparación de exámenes, y otros servicios. En Argentina la legislación garantiza la oferta estatal con gratuidad en todos los niveles educativos y la extensión de la obligatoriedad hasta la finalización del nivel secundario. En los últimos 20 años a partir de la creación de universidades nacionales a lo largo y ancho del territorio se amplió la oferta de instituciones de educación superior a la vez de las políticas públicas para acompañar las trayectorias educativas y los esfuerzos de los actores e instituciones. Asimismo, la ampliación de la cobertura del nivel secundario conllevó a la ampliación de la matrícula universitaria incorporando nuevos sectores de la población antes excluidos. Pero sabemos que estos esfuerzos aún no resultan suficientes para garantizar el derecho a la educación superior. Las y los estudiantes desarrollan sus estudios secundarios en contextos de enormes desigualdades tanto en los puntos de partida, como en las oportunidades de tránsito y egreso del nivel con aprendizajes relevantes, en un país que además presenta problemas en la continuidad de las políticas educativas (con vaivenes cuando cambia el signo político de gobierno). En este sentido, estamos en un momento histórico disruptivo que requiere una especial atención indagativa.
Algunas reflexiones y nuevas preguntas.
A partir de las ideas presentadas, cabe reflexionar sobre algunos escenarios posibles en caso de implementarse una instancia de evaluación al finalizar el nivel secundario en Argentina. Si se avanza con el proyecto, en primer lugar, sería de esperar disponer de instancias y dispositivos institucionales para acompañar a las y los jóvenes en la preparación para el examen, a la par de una adaptación del currículum. Además, en función de lo expuesto, si se tiene en cuenta que las familias aventajadas socioeconómicamente cuentan con información y recursos para elegir las escuelas más valoradas o prestigiosas: ¿qué consecuencias tendría la nueva política en la profundización de la segmentación de los circuitos educativos existentes?, ¿cómo se agudizaría la segregación educativa, es decir la “separación y aislamiento de los grupos sociales en sectores, áreas e instituciones del sistema” (Bottinelli, 2017 p 8)? En el mismo sentido, los sectores sociales aventajados posiblemente hagan uso de su información y recursos para recibir una preparación específica, incluso acudiendo a un “mercado educativo paralelo” (Viñao, 2023) para aprobar cómodamente y obtener buen puntaje (aunque la evaluación no sea vinculante a la certificación del nivel, se constituye en una credencial más) para competir en el mercado laboral.
En relación con el ingreso a la universidad, si bien nuestra legislación educativa garantiza el ingreso irrestricto, es necesario contemplar el potencial impacto familiar y personal de los resultados de las pruebas. En este sentido, es necesario interrogarnos acerca del impacto simbólico del “éxito” y “fracaso” en el examen en relación con las expectativas de futuro de las y los jóvenes y su proyección de continuar estudios de nivel superior. En particular, para aquellos sectores que en los últimos años se han abierto camino al compás de las políticas de ampliación del acceso a la universidad y representan la primera generación de universitarios de su familia. Es posible que, de obtener un resultado no esperado, éste desaliente el enorme esfuerzo familiar que se requiere para que las hijas e hijos continúen estudios de nivel superior. En consecuencia, la disminución de matrícula (particularmente en las universidades que reciben a los sectores sociales recientemente incluidos) sería un argumento para validar políticas de ajuste orientadas a las universidades nacionales.
Si el sentido de la política fuera allanar las distancias entre la escuela secundaria y el nivel superior ¿Existen otras alternativas a un examen en la finalización del nivel secundario?
Una propuesta que puede acercar las brechas entre la escuela secundaria y el nivel superior puede pensarse en clave de articulación interinstitucional y de trabajo entre ambos niveles.
Por ejemplo, es posible diseñar trayectos curriculares para cursar durante el último año que preparen a las y los estudiantes para los cursos de nivelación e ingreso de las universidades nacionales. Existen experiencias a nivel nacional que van en este sentido y que es posible estudiar.
El actual contexto requiere mirar con atención el potencial impacto de una propuesta política como la de un examen de terminalidad del nivel secundario. Se trata de leer las políticas educativas en clave de no acelerar las dinámicas que profundizan las desigualdades. Este ejercicio requiere un constante análisis reflexivo para multiplicar y discutir nuevas propuestas en pos de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación superior de las próximas generaciones.
Enlace a Referencias bibliográficas
*Yamila Goldenstein Jalif es Licenciada en Ciencias de la Educación (FFyL-UBA), Profesora Universitaria (UDESA) y Especialista en Ciencias Sociales con Mención en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO). Es Maestranda en Administración Pública (FCE- UBA). Es Coordinadora y docente del taller de Lectura y Escritura del Ciclo de Inicio Universitario de la UNPaz. Es docente de Evaluación de los aprendizajes en la Especialización en Ciencias Naturales (UDESA). Se desempeña como investigadora y ha publicado estudios sobre políticas educativas en el nivel secundario y superior.
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