Sistema de Vouchers. Santa Fé

Con los resultados de las Elecciones PASO nacionales del 13 de agosto volvió a ponerse en situación la idea del Sistema de Vouchers en educación, propuesta por el candidato Javier Milei como mecanismo para achicar al Estado.

Lo primero que debemos aclarar es que este sistema no es nuevo sino que fue planteado por el economista estadounidense Milton Friedman en 1955. Si bien muchos sugieren que el objetivo de la propuesta era mejorar la calidad de las escuelas y hacer más eficiente el gasto público destinado a la educación, lo cierto es que surge en un contexto de segregación social y racismo propio de la sociedad norteamericana, con la intención de ampliar la libertad de las familias de los estudiantes de poder elegir la institución educativa donde enviar a sus hijos, ya que en aquel entonces solo podían acudir a las escuelas del barrio; claramente una situación muy diferente a lo que sucede en Argentina.

El modelo original propuesto por Friedman funciona, en otras palabras, como un “cheque escolar” que el Estado le entrega a la familia y ésta lo utiliza para abonar la escuela que elige para sus hijos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el sistema de vouchers fue modificado por otros autores y también por los gobiernos de los países que lo han implementado, que lo fueron adaptando a sus necesidades. En ocasiones esta transferencia de recursos funciona virtualmente desde la automatización de los procesos financieros. La subvención correspondiente a cada estudiante se transfiere directamente al prestador del servicio (en este caso, a las escuelas o instituciones implementadoras) por cada estudiante que matriculan o registran, sin mediación del voucher o “cheque”. Se trata, finalmente, de una subvención al receptor del servicio, como sucede actualmente en nuestro país, pero proporcional a la matrícula de la escuela.

El sistema de voucher se ha implementado en varios países del mundo con resultados diversos: Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Singapur, Corea del Sur, Chile y, además, en 5 regiones italianas y en algunos estados de Estados Unidos, como Wisconsin y Arkansas. El mayor éxito del sistema de voucher educativo lo tienen países como Singapur y los nórdicos.

Debemos agregar que los países que funcionan con un sistema de voucher también poseen un sistema económico estabilizado y equilibrado, con proyecciones estimadas de crecimiento muy cercanas a la realidad. De acuerdo con los datos actuales del Banco Mundial, esos países tienen un gasto público en educación promedio del 5,4% del PIB; mientras que los países centroamericanos tienen un promedio de inversión del 4.2% del PIB, y un gasto por alumno de casi US$ 24 mensuales. Argentina ha invertido en los últimos años menos del 5% del PBI; si se aplicase este sistema en nuestro país, los vouchers tendrían un valor aproximado de $3000 (considerando el gasto educativo y la cantidad de estudiantes), muy por debajo de los números mencionados anteriormente.

Además, hay que considerar que, en nuestro país, el financiamiento educativo no le corresponde 100% a la Nación. Ya en la Carta Magna se establece, en su artículo 5, que ‘Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria’. En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional donde se establece la obligatoriedad de la educación secundaria, que quedan bajo el régimen provincial, al igual que la primaria. En ese mismo año, y con anterioridad a la Ley de Educación se sanciona la de Financiamiento Educativo donde se ordena la responsabilidad de financiamiento de cada uno de los niveles de Estado (municipal, provincial y nacional), a la vez que plantea una mejora en la equidad de los recursos para las provincias con menos ingresos tributarios.

Los adeptos a estas ideas levantan su defensa argumentando que así se mejoraría la elección del consumidor y se generaría una competencia entre las instituciones que conduciría a la mejora de la calidad de la oferta. Si bien se lo toma como mecanismo para “achicar el Estado”, esto no sería completamente cierto. De hecho, sería peligroso pensar que con el sistema de vouchers se reduciría el gasto educativo, ya que de ser así estaríamos hablando de menor inversión o de la eliminación de obligatoriedad de la escolarización. Lo que sí puede considerarse positivo es que al transferir recursos y responsabilidad a los privados se busca obtener una eficiencia mayor de los recursos transferidos; en la medida en que se supone que los privados gestionan más eficientemente que el Estado algunas actividades de carácter social y de derechos. Pero, de igual forma se necesita la estructura para supervisión y control de la calidad educativa que se busca alcanzar.

El modelo de Friedman supone la subvención de la colegiatura, lo que en Argentina corresponde a los fondos destinados a la educación pública no arancelada. Otros modelos incluyen, además, alimentación y transporte; viáticos que en nuestro país están, en algunas jurisdicciones mejor que en otras, también cubiertos. Por lo que la libre elección no es un problema. Con respecto a la competencia entre instituciones, si bien sería una buena posibilidad para mejorar la oferta educativa y la calidad académica y edilicia, es necesario una mejora y nivelación de las mismas antes de comenzar a implementar el sistema, con el fin de evitar la desventaja.

Hay investigaciones latinoamericanas en las que se plantea que en el sistema voucher es absolutamente necesario aplicar un principio básico de las políticas sociales, y especialmente de la economía de la educación: a mayor pobreza, mayor gasto público. Esta es una aplicación práctica del principio de la diferencia de J. Rawls (2006) que afirma que “las más altas expectativas de los mejor situados serán justas si y sólo si funcionan como parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros de la sociedad menos aventajados”. Corrección del sistema a la que denominan componente de equidad, algo que en nuestro país sería sumamente importante dada la gran desigualdad que existe entre las escuelas de gestión estatal y las privadas, y la que se observa al migrar de provincia.

Por todo lo expuesto, se deduce que aplicar el sistema de vouchers no es privatizar la educación, sino un mecanismo que otorga mayor autonomía a la gestión escolar, en donde el Estado continúa financiando (y supervisando) el sistema educativo.

Más allá de las posturas ideológicas, las intenciones de descentralizar la educación, eliminar el Ministerio de Educación nacional o creer que con este sistema se mejorará la calidad académica, hay una cuestión que no se puede pasar por alto: el 75% del financiamiento educativo para los niveles obligatorios (desde Inicial a Secundario) les corresponde a las provincias. Querer cambiar esta situación supone la modificación de la Constitución Nacional.