Las decisiones recientes en la Provincia de Buenos Aires —inscripción desde 1 año y medio, salas multiedad y jornadas de 8 horas— están redefiniendo el Nivel Inicial de una manera que preocupa profundamente. No por resistencia al cambio, sino porque cada una de estas medidas avanza sobre derechos: los derechos de los niños y los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
La infancia como variable de ajuste. La baja natalidad es real. Pero la respuesta que se eligió no fue pedagógica: fue administrativa. En lugar de fortalecer equipos, repensar perfiles profesionales o invertir en espacios adecuados, se optó por una reestructuración que mezcla edades y extiende jornadas sin considerar las necesidades reales de los más pequeños. Un niño de dos años necesita comer con calma, descansar, ser higienizado, acompañado, contenido y estimulado de manera específica. Sin embargo, este sistema propone reunirlos con niños de 3, 4 y 5 años bajo el argumento de que “los más chicos se enriquecen de los mayores”.
¿Todos se enriquecen?
¿O estamos simplificando una realidad que en la práctica exige recursos que hoy no existen?. La educación infantil no puede funcionar con consignas mágicas. Necesita condiciones reales. Jornada extendida: ¿quién sostiene a la infancia?
La jornada de 8 horas abre otra pregunta incómoda, pero necesaria: ¿Quién puede dejar a un niño tan pequeño en una institución durante casi toda su jornada vital? ¿Ese niño pertenece a su familia… o al Estado que lo recibe desde la mañana hasta la tarde? ¿Qué pasa con su vínculo primario, su vida cotidiana, su descanso, sus tiempos humanos?
El jardín de infantes no puede reemplazar el espacio íntimo y afectivo del hogar. No puede —ni debe— suplir funciones parentales durante tanto tiempo. Y sin embargo, esta reforma empuja a que así sea.
Un sistema que también vulnera a quienes sostienen la educación. No se trata solo de los niños.
Este nuevo sistema también recorta derechos laborales, reduce personal y precariza la tarea docente. Cuando se eliminan cargos por “ajuste”, cuando se fusionan salas, cuando se sobrecarga a quienes quedan, el mensaje es claro:
el trabajo docente es prescindible.
Y lo que es prescindible para el Estado, termina siéndolo para la comunidad. Pero el jardín no funciona sin sus maestras. Y una maestra exhausta, sola, sin recursos y sin acompañamiento, es una maestra obligada a trabajar por encima de lo posible. Eso también es una forma de vulneración.
¿Qué jardín queremos? ¿Qué infancia estamos dispuestos a permitir?. El sistema que se está imponiendo transforma los jardines públicos en espacios de cuidado prolongado más que educativos.
Los convierte en estructuras que deben absorber necesidades sociales y laborales que exceden su misión.
El riesgo es claro:
- la educación se diluye,
- la infancia se acelera,
- los docentes se agotan,
- y los jardines dejan de ser jardines.
Las decisiones políticas deben priorizar derechos. No puede ser que la respuesta a la baja natalidad sea reducir personal, mezclar edades, sobrecargar instituciones y transformar el Nivel Inicial en un depósito de tiempo. Los niños merecen respeto. Los docentes merecemos dignidad. Las familias merecen acompañamiento real, no parches. Y la sociedad merece un sistema educativo que eduque, no que contenga lo que otros espacios no pueden sostener.
La infancia no es negociable. Y el Nivel Inicial tampoco.
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