En Venezuela tenemos estatutos legales para todo tipo de situación, leyes, que, si se aplicaran de manera correcta, pudiesen llevarnos en su mayoría a una sociedad ideal, sin embargo, queda en letra muerta en algunos aspectos sociales que se escapan de las manos de los funcionarios, sobre todo de las instituciones del Estado, puesto que la mayoría de los venezolanos han pertenecido al cuerpo de trabajo de la Administración Pública (en algún momento de su vida), pues se “supone” que esta les daba mejores beneficios que en la Administración Privada, pero, nada más alejado de la realidad en algunos aspectos. Ejemplo tangible se tiene al releer la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios (2014) donde su artículo Nº 8 establece que para tener derecho a la jubilación el empleado debe alcanzar la edad de 60 años si es hombre, o 55 si es mujer siempre que haya cumplido por lo menos 25 años de servicio o si el empleado ha cumplido ya 35 años de servicio sin importar su edad, pero en la misma ley en su artículo Nº 7 indica que se le debe cancelar el sueldo básico integrado y el compensatorio por antigüedad y que esté no podrá exceder del 80% del sueldo base. Hoy hay un sueldo mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional que consta de 130.00 bs, que al cambio es hoy 17.75 $, si a esto se le añade que la Canasta Básica según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) superaba para el mes de julio del año 2022 los 470,44 dólares, es decir, que se requerirían de casi 27 sueldos básicos para poder obtener la canasta alimentaria de un mes, si se calcula en base al ingreso diario, donde el índice Gini (medida sobre el índice de desigualdad) establece que está en la pobreza de ingreso si gana menos de 1$ al día, con esta devaluación diaria, el sueldo cada día es menor a ese monto, entonces los trabajadores jubilados y pensionados no tiene siquiera un dólar al día con su pago de pensión (no es mucha la diferencia con los trabajadores activos).
Si se hacen los cálculos respectivos, esto no les alcanza para medio comer, ni para su tratamiento de alguna dolencia de la edad (hipertensión, diabetes, artritis, ect.) o peor aún con enfermedades terminales como cáncer o cualquier otra. A este escenario se le suma el hecho de que muchos abuelitos fueron abandonados por sus hijos o nietos, quienes salieron del país en la diáspora venezolana para “Un mejor futuro”, en varios de esos casos, no reciben ingresos de afuera y solo tratan de sobrevivir con lo poco que llega de la pensión mensual, otros un poco más osados los dejaron con sus hijos para que los cuidarán y con el peso de que cada día la hiperinflación se come ese pago ¿Cómo puede ser la calidad de vida de estos?. En las calles se ven muchos rostros de tristeza en estos abuelitos, que en algunos casos se han activado para vender cualquier cosa: chucherías, yesqueros, fósforos, pañitos, ungüentos y otros que en cambio, en total indigencia se precipitan a las calles y entre la basura rebuscan que comer.
Esto, en cualquiera de las dos situaciones parte el alma puesto que, tanto trabajar para, pensando en el futuro vivir bien, llegar a esta situación, impensable e imperdonable. Los Derechos Humanos de estos venezolanos han sido vulnerados desde hace mucho y hoy pareciera que la política gubernamental es exterminarlos luego de que dieron tanto por el país. La generación de relevo vemos con preocupación el hecho de que sucedan estas circunstancias nuestros adultos mayores y que no haya organismos consecutivos y de seguimiento que puedan ayudar a estas personas tan vulnerables en su derecho a la alimentación, a la salud, a la vida, a vivir bien.
Los jubilados y pensionados del sector educativo en Venezuela están prácticamente en la indigencia, puesto que, todos los años laborando, apoyando el futuro del país, donde les fue debitado todas las primas para, que posteriormente pudiesen vivir mejor, en la actualidad se volvió “Sal y agua”, ya no es una meta para el personal educativo ser jubilado o pensionado, puesto que hasta les quitan muchos de los beneficios por no estar activos, no vale la pena laborar los 25 ó 35 años para algún sector público.
Es indignante ver la situación actual de los jubilados/pensionados del Magisterio cuando ni siquiera tienen atención médica en el IPASME luego de haberlo pagado en su totalidad y eso solo por mencionar uno de los aspectos más importantes al cumplir cierta edad de “Tener o no buena salud”, a pesar de que muchas veces estas enfermedades sean posterior a los propios empleos de por vida, es decir “ocupacionales”.
Algunos de estos abuelos han optado por buscar empleos (de lo que sea) para sobrevivir, así no sea de su carrera, pero pocos tienen oportunidad para llevar a sus casas ingresos por la limitante de la edad.
Hay organizaciones no gubernamentales que llevan apoyo a estas personas vulnerables, pero no son suficientes dada la magnitud de individuos que existen en el país bajo esta condición, no hay un censo establecido para ello. Se requiere con urgencia que las asociaciones que defienden los DDHH en Venezuela se pronuncien ante esta injusticia y que se pueda apoyar a todos esos ancianos que requieren tanto apoyo.
Da mucha tristeza llegara esa edad luego de
trabajar toda la vida y entrar en la indigencia, por algo hay un dicho que menciona que “La sociedad se mide por cómo trata a sus adultos mayores y sus mascotas” estamos “Aplazados” en ambas partes de la sociedad y tenemos una deuda con ellos pues LO DIERON TODO Y HOY NADA OBTUVIERON. Nuestros abuelos hoy merecen AMOR, apoyo, ayuda, medicinas, hogares, ATENCIÓN. ¡No podemos dejarlos solos!
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