El 25 de mayo de 1973 las instituciones democráticas recobraron su vigencia en nuestro país, de la mano del movimiento nacional y popular. En este nuevo contexto se sancionó una ambiciosa Ley de Contrato de Trabajo y una nueva norma de Asociaciones Profesionales, que amparaba explícitamente la acción política de los sindicatos. Asimismo se reconoció la participación de la CGT en el comando de diversos organismos, tales como la Comisión Nacional de Trabajo Rural, la Comisión Nacional de Precios y Salarios, la Dirección Nacional de Servicio de Empleo, el Instituto Nacional de Remuneraciones, la, la Comisión de Cooperación Económica, la Comisión Económica Consultiva, la Comisión de Emergencia Sanitaria, etc.
También se propició la autogestión de la empresa estatal SEGBA –Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires-, en tanto el Pacto Social impulsado por el Ministro de Economía José Ber Gelbard garantizó el incremento del ingreso y la distribución igualitaria de la renta nacional entre capital y trabajo. Sin embargo, la armonía entre capital y trabajo, propia del programa nacional y popular, no habría de perdurar. El asesinato del Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, en 1973, y la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, aceleraron la catástrofe. En su último y célebre discurso público del 1 de mayo de ese mismo año quedó de manifiesto que el quiebre entre las organizaciones juveniles y el sindicalismo era ya indisimulable.
Tras la muerte de Perón, el conflicto se profundizó durante el Gobierno de Isabel Martínez. La violencia interior se había profundizado, y la estanflación que atravesaba por entonces la economía internacional generó consecuencias gravísimas para los países agro-exportadores, entre ellos, el nuestro. La violencia institucional no tardó en instalarse a través de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), encabezada por José López Rega.
Si bien la gestión de Isabel fue respaldada inicialmente por la CGT, el lazo se quebró un año después, en el mes de julio de 1975, cuando el gobierno decidió anular los convenios colectivos que acababan de firmarse, que incluían fuertes aumentos salariales para tratar de compensar la acelerada inflación desatada tras la muerte de Perón. Un paro general y una fabulosa movilización a Plaza de Mayo –la primera organizada por la CGT a un gobierno peronista- obligaron al Ejecutivo a dar marcha atrás y homologar los convenios, al tiempo que renunciaban López Rega y el Ministro de Economía, Celestino Rodrigo.
Para el mes de noviembre de ese mismo año, la patronal de las grandes empresas conformó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales (APEGE), y declaró un lock out que paralizó las actividades rurales. También promovieron el desabastecimiento y el acaparamiento a los fines de crear el clima social apropiado para un nuevo Golpe de Estado, el más terrible de la historia de nuestro país.
El Sindicalismo y el Terrorismo de Estado
El Terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico-militar apuntó a destruir el tramado social y político, a fin de propiciar la concentración de la riqueza y el saqueo de nuestra economía. No se trató de liquidar a las organizaciones armadas, como se argumentaba habitualmente, ya que éstas habían perdido prácticamente toda su capacidad operativa para fines de 1975. Por esa razón, justamente, la gran mayoría de los 30.000 desaparecidos fueron trabajadores, dirigentes y activistas sindicales.
El objetivo principal de la dictadura fue liquidar el Estado de Bienestar, propiciando el achicamiento de la economía y la desocupación, para así crear precariedad laboral. Los salarios pasaron de representar el 42 % del PBI en 1974 al 25 % en 1976 y al 19 % en 1981 y una desocupación del 9 % reemplazó al pleno empleo alcanzado en el período 1973-1976.
Para favorecer la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de los trabajadores, era necesario atomizar al movimiento obrero. En palabras del Gral Albano Harguideguy: “La unidad sindical atenta contra los principios liminares del Proceso.” También era primordial imponer la “disciplina laboral”. Juan Alemann, Ministro postrero de Economía de la dictadura, resaltaba en 1983 que un logro fundamental del régimen había sido atomizar los sindicatos, llevándolos de “algo más de 500 en 1976 a más de 1500 en la actualidad».
La dictadura intervino a la inmensa mayoría de los sindicatos, les amputó sus obras sociales, disolvió la CGT, eliminó la representación sindical en los organismos provisionales, de seguridad social y bancarios, y penó criminalmente, con 6 años de prisión a los trabajadores que participaran de una huelga, mientras que a los dirigentes sindicales les corresponderían 10 años. Incluso se fusiló de manera sumaria a trabajadores que propiciaban huelgas, con la pretendida finalidad de “asegurar la libertad de trabajo”. Muchos más dirigentes sindicales de renombre fueron víctimas de la represión oficial. René Salamanca, uno de los organizadores más destacados del Cordobazo, fue detenido-desaparecido en la madrugada previa al golpe del 24 de marzo de 1976, y se lo considera como el “primer desaparecido de la dictadura”. Salamanca estaba en situación de clandestinidad desde 1974, cuando el SMATA de Córdoba fue intervenido por José Rodríguez.
Jorge Di Pascuale, miembro de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF), de destacada trayectoria durante los años de la resistencia, fue detenido-desaparecido el 29 de diciembre de 1976, y sus restos fueron identificados en una fosa común del cementerio de Avellaneda en 2009. Antes de su desaparición, Di Pascuale había advertido: “Si algo me llega a pasar no pidan por mi, pidan por todos”. Oscar Smith, Secretario General de Luz y Fuerza, fue secuestrado el 11 de febrero de 1977. Un compañero de celda asegura que murió en enero de 1978, luego de sufrir terribles torturas. Los casos se multiplican hasta el hartazgo: son tristemente célebres las represalias tomadas sobre los miembros de comisiones internas de fábrica, siendo emblemáticos los casos de las empresas Ford y Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma, etc. El libro Nunca Más, que contiene el informe final de la CONADEP, ofrece un listado bastante detallado al respecto.
Aplicando el terror, las políticas de desindustrialización, la anulación de conquistas sociales, la anulación de los contratos colectivos de trabajo, leyes de “prescindibilidad”, congelamiento de salarios, indexación de alquileres y de créditos hipotecarios, promoción de la inflación, endeudamiento externo, prohibición de Centrales y Confederaciones sindicales y de actividad política en los sindicatos, atomización gremial, etc., la dictadura cívico-militar trató de llevar a su extremo la política de empobrecimiento y precarización de los trabajadores, y, como correlato indispensable, la desperonización de la sociedad. La dictadura cívico-militar trató de llevar a su extremo la política de empobrecimiento y precarización de los trabajadores, y, como correlato indispensable, la desperonización de la sociedad. Pese a la magnitud de la catástrofe, no lo consiguió. Una vez más, el . movimiento obrero le puso un límite. En 1979, la denominada Comisión de los 25, decretó la primera huelga general contra la dictadura. El movimiento obrero argentino había sabido echar lazos internacionales, tanto con la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) como con la CMT (Confederación Mundial del Trabajo), que desarrollaron una importante acción solidaria con el sindicalismo argentino, denunciando las acciones de la dictadura a nivel internacional.
Sólo la FSM (Federación Sindical Mundial), que nucleaba a los sindicatos comunistas, se negó a criticar a la dictadura, siguiendo las directivas de la URSS, aliada con el Terrorismo de Estado, que vetaba de manera sistemática en los foros internacionales las condenas y denuncias por violación de los DDHH en nuestro país.
A partir de esa medida de fuerza inicial, la acción sindical fue incrementándose paulatinamente. En septiembre de 1979 se crea la CUTA (Central Única de Trabajadores Argentinos), de existencia efímera. Finalmente, en septiembre de 1981 la Comisión de los 25 recrea la CGT, y convoca a una nueva huelga general. Una vez más, el movimiento obrero se constituía en bastión de la resistencia y en promotor de la salida democrática, aunque las disidencias en la estrategia a aplicar provocarían una nueva fractura: la CGT Brasil (liderada por Saúl Ubaldini), más confrontativa, y la CGT Azopardo, por Jorge Triaca, más dialoguista.
El 30 de marzo de 1982, la CGT Brasil organizó una masiva movilización a Plaza de Mayo, que finalizó con miles de detenidos en el marco de una gran represión. Sería el último estertor de la dictadura. En efecto, tras la derrota de Malvinas, el colapso de la dictadura cívico-militar se acentuó. Por primera vez desde la instalación de la dictadura, el 22 de septiembre de 1982 se organizó una masiva marcha bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo” a la Iglesia de San Cayetano.
El 6 de diciembre de 1982 la CGT Azopardo convocó a una huelga general con acatamiento masivo, y repetiría la experiencia el 28 de mayo de 1983. Finalmente, el 16 de octubre de 1983, dos meses antes de la asunción de Raúl Alfonsín, se confirmó la reunificación de la CGT. Por entonces casi 4 millones de trabajadores estaban sindicalizados. Prácticamente la misma cantidad que en 1955, aunque ahora sólo componían el 56% de los asalariados de nuestro país.
Pese a que es moneda común en el imaginario social la asociación entre sindicalismo y prácticas autoritarias o violentas, el trayecto realizado permite destacar una dimensión poco explorada de la acción del Movimiento Obrero Organizado: el desempeño de un papel protagónico en la defensa de los intereses populares en épocas de ofensiva sobre los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, y la incidencia decisiva de sus acciones en la promoción de la recuperación de las instituciones democráticas en nuestro país. De este modo es posible afirmar que, si bien con el peronismo el Día del Trabajador se convirtió en un día festivo, la aplicación de políticas de ajuste y precarización de los trabajadores, por parte regímenes reñidos con los intereses de las grandes mayorías populares exigió desempolvar las estrategias de lucha y de resistencia, para tratar de recuperar la vigencia de las conquistas consagradas por la Constitución de 1949, resistidas por el mercado y por las fuerzas políticas conservadoras.
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