El cubano, a diferencia de la delegación argentina, expresaba sus juicios sobre las iniciativas estadounidenses desde una posición antiimperialista y latinoamericanista. Aun teniendo en claro que su objetivo era lograr la independencia de España, ya era plenamente consciente de que había que evitar el otro imperialismo que acechaba sobre Cuba y el resto de América Latina: Estados Unidos. No planteaba recostarse en una potencia imperial para limitar a la otra.
Si bien parte de la oligarquía argentina “utilizó” los punzantes argumentos de Martí –recordemos que el periódico de Mitre lo nombró su corresponsal en Washington y publicó sus furibundas crónicas–, debe quedar en claro que fue más bien un recurso para oponerse a la Casa Blanca, pero desde una posición totalmente distinta de la que planteaba Martí e intentaría llevar a la práctica en 1895, cuando desembarcó en Cuba para retomar la guerra de independencia contra España. El “antiimperialismo” de Sáenz Peña y Quesada no pasaba de ser una serie de recursos de oratoria para atacar las posiciones de los delegados estadounidenses.
La delegación argentina se había salido con la suya en Washington: impidió que el tratado de arbitraje obligatorio fuera firmado por todos, logró que todos sí firmaran su proyecto que condenaba el derecho a la conquista y, fundamentalmente, echó por tierra el proyecto de unión aduanera que había entusiasmado a los industriales exportadores del país del Norte. En cada una de las comisiones, los delegados argentinos se ocuparon de intentar encolumnar al resto de los delegados latinoamericanos para “poner palos en la rueda” en todos los proyectos estadounidenses.
Sáenz Peña y Quintana fueron la pesadilla de Blaine, que había trabajado durante muchos años para lograr la concreción de esta conferencia –como trampolín político para sus aspiraciones presidenciales–, asegurando que de ella saldrían aprobados los proyectos que había elaborado.
Lograron, así, proteger los intereses comerciales que vinculaban a Argentina con Europa, ahuyentando cualquier fantasma de asociación continental que pusiera límites al intercambio con el Viejo Continente. Esta línea de intervención estaba caracterizada no sólo por un enfrentamiento y toma de distancia respecto al gobierno de Washington, sino por la oposición a cualquier perspectiva que alentara una unión latinoamericana alternativa.
La referencia, en casi todos los discursos, era el vínculo privilegiado con Europa, que debía ser resguardado a toda costa. Eso es lo que escondía la célebre frase de Sáenz Peña de “América para la Humanidad”. La clase dominante argentina entendía que su posición privilegiada dependía de mantener y reforzar las relaciones económicas con el Viejo Continente, evitando las “amenazas” que pudieran derivarse del avance de otras potencias en el “área de influencia” británica. Quienes basaban su posición en esta relación de complementaridad subordinada con Londres, no necesitaban al resto de las naciones latinoamericanas, ni como mercados, ni para construir una asociación que permitiera ampliar el margen de autonomía en las negociaciones con las potencias. La generación del ’80 seguía tan lejana del ideario bolivariano como lo habían estado sus predecesores. Se consideraban superiores y distintos del resto de los países latinoamericanos, y veían a Estados Unidos como un potencial competidor y como un país que,
por sus pretensiones hegemónicas en la región, podía hacer peligrar esa posición privilegiada.
Doctrina Drago 1902 y oposición al corolario Roosevelt: rechazo uso fuerza En el lustro que separó la Conferencia Panamericana de México (1901) de la de Río (1906) ocurrieron algunos sucesos fundamentales en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Entre ellos debe citarse, en primer lugar, el conflicto por el ataque que sufrió Venezuela y las “doctrinas” que de allí se derivaron, que sin duda marcaron el ritmo de la Conferencia de Río.
El conflicto se inició con la intervención militar de Alemania y Gran Bretaña (y más tarde Italia) contra Venezuela, en diciembre de 1902. El objetivo de esos países europeos fue obligar al gobierno de Cipriano Castro a pagar las deudas que había contraído con “ciudadanos” del Viejo Continente. Los reclamos diplomáticos que habían realizado para “defender a sus ciudadanos” fueron desestimados por el gobierno venezolano, entendiendo que correspondían al derecho privado y no al internacional público. Las potencias europeas, entonces, bloquearon puertos y bombardearon objetivos militares del país caribeño. Previo al ataque, Gran Bretaña y Alemania habían comunicado al gobierno de Washington que no abrigaban intenciones de ocupar definitivamente o anexionarse parte del territorio venezolano, con lo cual, entendían, ese ataque debía quedar fuera de la órbita de la doctrina Monroe.
Pese a la lucha interimperialista desatada años atrás entre Estados Unidos y las potencias europeas por el control de América del Sur, y a que la intervención militar en el país caribeño violaba el espíritu de la doctrina Monroe, la política exterior desplegada por el presidente Roosevelt justificó esta intervención militar en Venezuela, cuyas costas fueron bombardeadas por unidades navales inglesas y alemanas, relativizando la aplicación de la doctrina de Monroe en este caso.
Roosevelt había manifestado que no garantizarían a ningún Estado la protección frente a su “mala conducta”. Esta postura dejaba a su gobierno con las manos libres para ejercer el “gran garrote”12. Según su planteo, el respeto a la soberanía de los países más débiles dependía de que éstos conservaran y garantizaran el orden dentro de sus fronteras y cumplieran con sus obligaciones con los extranjeros. La consideración de la soberanía como valor supremo, según la nueva visión de la Casa Blanca, quedaba supeditada al cumplimiento de los pagos externos, lo cual parecía haberse anticipado en el discurso de Roosevelt al Parlamento estadounidense, pronunciado algunos meses antes de esta acción militar. Ya no podía apelarse a Estados Unidos para frenar incursiones europeas, dado que el país del Norte desarrollaba sus propias acciones militares en otras regiones, con lo cual el principio de no intervención y de respeto a la soberanía quedaba claramente relegado.
Tras el ataque, el gobierno venezolano denunció el avasallamiento y pidió la adhesión del resto de los países del continente. Ante esta situación, el presidente Roca instó a su ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, a que hiciera consultas –entre otros, Drago se entrevistó con Pellegrini y con Mitre– y sentase la posición argentina frente al gobierno de Estados Unidos.
Nuevamente fue Argentina, a través de su canciller, quien se opuso a Estados Unidos en el plano diplomático y planteó la ilegitimidad del empleo de la fuerza para el cobro de deudas: “La deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”13. Se reafirmaba, contra los intereses norteamericanos y estableciendo una doctrina que se discutiría durante largo tiempo, el principio de no intervención.
Esta “doctrina” fue proclamada formalmente por el ministro de Relaciones Exteriores en nota enviada al gobierno estadounidense el 29 de diciembre de 1902. ¿Cuáles eran los principios que se planteaban en esta comunicación? Quienes prestaban dinero a un Estado extranjero debían estimar previamente el riesgo; un Estado soberano no podía estar sujeto unilateralmente a procedimientos judiciales; no podía forzarse a un Estado a pagar sus deudas; el uso de la fuerza en Venezuela implicaba de hecho la ocupación territorial, o sea, era contrario a la doctrina Monroe; la expansión europea se dirigiría ahora hacia América Latina, por lo cual se requería una declaración de Estados Unidos, en el sentido de la doctrina Monroe, que defendiera el principio de no intervención extracontinental predicado en 1823. Era la primera vez que un alto representante argentino reconocía de hecho la validez de la doctrina Monroe. Por este motivo, el intercambio suscitado a partir del escrito de Drago atrajo la atención de la prensa estadounidense y latinoamericana.
La respuesta de Washington, a través del secretario Hay, llegó el 17 de febrero de 1903, y retomaba el espíritu y la letra del mensaje de Roosevelt de enero de 1902, al que hicimos alusión más arriba: la doctrina Monroe no garantizaba protección contra ataque de otra potencia a países que hubieran procedido mal –que no hubieran pagado sus deudas, por ejemplo–14. Desde esta perspectiva, la “protección estadounidense” al resto del continente sólo podría aplicarse cuando el ataque exterior implicara adquisición territorial por parte de una potencia no americana. Más
allá de la posición de la Casa Blanca, la “doctrina Drago” tuvo una buena acogida en la opinión pública estadounidense, temerosa del avance europeo en el continente. Es decir que, paradójicamente, buena parte de la opinión pública estadounidense recibió bien el planteo del jefe de la diplomacia argentina.
La respuesta oficial del gobierno estadounidense, por su parte, generó un gran debate al interior de la clase dirigente argentina y también en los medios de comunicación. El debate en cuanto a la postura que debía llevarse adelante en América se profundizó en 1904, momento en que Roosevelt planteó el “corolario” que llevaría su nombre, que suponía que su país se erigiera en el virtual “gendarme” continental, al autoproclamarse facultado para intervenir en los países más “caóticos” de América, en caso de que el orden interno no estuviera garantizado por su propio gobierno.La Casa Blanca no estaba dispuesta a ceder en lo que consideraba su “derecho de intervención”, y aseguraron que seguirían su propia línea de acción en cuanto al problema del cobro compulsivo de las deudas públicas de los países americanos.
El “corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe” era, entonces, la formalización del autoasignado derecho de “gendarme” en el Caribe y Centroamérica. El gobierno de Washington se planteaba como el custodio de las naciones débiles, previniéndolas de insolvencias financieras que justificaran el uso de la fuerza (de potencias europeas), para lo cual se arrogaba el derecho a intervenir con el fin de evitar situaciones como la de Venezuela.
La forma de la Casa Blanca de contrarrestar el avance europeo no fue plantear, junto al resto de los países americanos, y cómo se desprendía de la propuesta de Drago, un rechazo de plano a la intervención en Venezuela, y organizar cómo prevenir esos ataques, sino autonombrarse gendarme, con atributos para intervenir en aquellos países donde no se respetara el orden y la seguridad financiera, situación que había generado las condiciones para la acción militar europea contra el país caribeño. Tras esta reinterpretación, las doctrinas Monroe y Drago se hicieron incompatibles, mutuamente excluyentes. Estados Unidos, que protagonizaba una expansión creciente en el continente, no estaba dispuesto a supeditar su política exterior al consenso con el resto de los países americanos y menos aún con países como Argentina, cuya clase dirigente había dado pruebas de sostener una política exterior de orientación europeísta y antiestadounidense.
Este “debate” se dio justo en el momento en que el país del Norte concretaba un nuevo “avance” en el continente, esta vez sobre Panamá. Si bien existía un acuerdo entre el gobierno de Washington y el de Londres (Tratado Clayton-Bulwer de 1850) para construir juntos un canal interoceánico, Roosevelt negoció con su par inglés el respeto de ciertas zonas de influencia, con lo cual Gran Bretaña dejaría de lado esta pretensión en el Caribe a cambio de que la Casa Blanca apoyara a Londres en la resolución de sus conflictos en Lejano Oriente. Ya sin Gran Bretaña de por medio, el Congreso estadounidense aprobó una ley, el 28 de junio de 1902, autorizando al Ejecutivo a comprar la concesión de la quebrada compañía francesa que había intentado construir dicho canal unos años antes. Debía negociarse con el gobierno colombiano o, en su defecto, con el nicaragüense para establecer el lugar exacto en el que se construiría la monumental obra. El secretario Hay firmó, en enero de 1903, un acuerdo con el encargado de negocios de Colombia en Washington, pero dicho acuerdo no fue ratificado luego por la legislatura colombiana.
La banca Morgan, que veía peligrar sus negocios con el rechazo del Parlamento colombiano y que no estaba de acuerdo con la construcción del Canal en Nicaragua, presionó al Departamento de Estado, que aplicó la “diplomacia del dólar”. Una revolución acicateada por el país del Norte se produjo en Panamá, en donde existían sectores separatistas que pretendían autonomizarse de Colombia. Una flota estadounidense, ya prevenida, cerró el paso a las tropas colombianas que se disponían a sofocar dicho levantamiento. Un día más tarde se proclamó la independencia de Panamá, y tan sólo dos días después se produjo el apresuradísimo reconocimiento estadounidense de esta nueva nación. Otra manifestación de la política pro balcanización latinoamericana que fomentaba la Casa Blanca.
Esta agresión apenas velada de Estados Unidos contra Colombia no generó una reacción crítica por parte del gobierno argentino, a diferencia de lo que había ocurrido en el caso venezolano. Lo aparentemente difícil de entender es por qué, en esta oportunidad, la reacción de Roca no fue como la suscitada luego de la intervención europea en Venezuela. Tras la presión de Estados Unidos, José A. Terry, canciller argentino (1903-1904), le confirmó al representante estadounidense en Buenos Aires, John Barrett –próximo a ser nombrado justamente como representante del país del Norte en Panamá–, que el gobierno de su país tenía disposición a reconocer al nuevo Estado y que no criticaría la posición de Estados Unidos en Centroamérica. En este sentido, y pese a las críticas de diversos políticos locales como Bernardo de Irigoyen, el gobierno nacional finalmente reconoció a Panamá el 3 de marzo de 1904, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Estado, que había comunicado a las demás naciones del continente, en tono de amenaza, que vería con disgusto el no reconocimiento de la nueva República de Panamá15.
La pregunta pendiente, claro está, es por qué Argentina se comportó de forma tan distinta en estos dos conflictos. La respuesta, en parte, se debe a la diferencia entre ambos. Mientras que la situación en Venezuela resultaba flagrante, por ser una agresión abierta que podía implicar una ocupación general del territorio por parte de las potencias europeas cuyos intereses financieros se habían visto afectados, en el caso de Panamá la intervención extranjera se ocultaba, formalmente, en el separatismo local y tenía un objetivo más específico, la construcción del canal interoceánico.
Argentina, en el primer caso, se cuidaba, además, por la potencial represalia militar que podría recibir en caso de una crisis que le impidiera honrar sus compromisos financieros. Pese al alineamiento con Europa –y en especial Gran Bretaña–, la crisis originada por la intervención en Venezuela marcó una posición distinta en cuanto a la política exterior argentina. La oligarquía, a través del gobierno roquista, cuidaba sus propios intereses, amenazados por el excesivo endeudamiento externo nacional y trataba de comprometer a Washington en esta posición.Esto muestra que la subordinación de los distintos sectores de la clase dirigente argentina a los intereses europeos distaba de ser mecánica. Incluso, en algunas oportunidades, su accionar podía ser contrario a las necesidades de las potencias del Viejo Continente o hasta condicionado por una reacción popular, como en el citado caso de la consolidación de la deuda externa argentina de 1901, y el rechazo masivo que dicha iniciativa ocasionó.
De todas formas, la actitud de la clase dirigente argentina no fue homogénea frente a la situación venezolana. Una corriente, cuyo principal referente era el influyente Zeballos, sostenía que la relación privilegiada con Europa debía mantenerse a cualquier precio y más allá de cualquier circunstancia. Esta vertiente se recostaba sobre el europeísmo y el racismo que habían caracterizado a buena parte de la generación del ochenta. La otra corriente, por el contrario, se oponía a cualquier tipo de intervención armada y ocupación territorial por cuestiones de deuda.
Drago, exponente de esta corriente mayoritaria, llegó a plantear que debía aplicarse la doctrina Monroe para impedir el avance europeo en Venezuela. Esta posición, como fue señalado, es la que le granjeó a Drago cierto prestigio en la opinión pública de Estados Unidos. Sin embargo, como fue explicado más arriba, para el gobierno de Roosevelt la histórica doctrina cobró un nuevo sentido, con una reinterpretación de lo que había planteado Monroe en 1823. Se extendió su alcance con el objetivo de desalojar a Europa de sus viejas posesiones en América y de reemplazarla en los privilegios que antes ostentaba. Así, Gran Bretaña terminó abandonando la idea de construir un canal interoceánico, iniciativa que se transformó en uno de los objetivos centrales de la diplomacia estadounidense en el hemisferio occidental, y que le garantizaría el control de un punto estratégico de las comunicaciones y el comercio interoceánico por varias décadas.
Los “desencuentros” continentales siguieron en el breve período que transcurrió entre la Segunda Conferencia Panamericana y la Tercera. Pese al aumento del comercio entre Argentina y Estados Unidos que se produjo en estos años, el gobierno argentino seguía sin ser proclive a avanzar en acuerdos comerciales interamericanos.
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