Hay historias que duelen más allá de las palabras.
Historias como la de Gabriela Defelippe, docente de Mercedes, que pasó once años siendo investigada injustamente, acusada de algo que nunca pudo probarse. Once años de su vida suspendidos, en un limbo burocrático que no tuvo piedad ni memoria.
Pero Gabriela no está sola.
Como ella, hay muchos docentes que siguen esperando que la Dirección General de Cultura y Educación se expida, que les devuelva su nombre, su trabajo, su dignidad.
Expedientes que duermen en escritorios, plazos que se vencen una y otra vez, derechos que se olvidan o se ignoran.
Un sistema que debería protegernos, acompañarnos y valorar nuestra tarea, muchas veces nos convierte en simples números de legajo.
Somos fácilmente reemplazables, prescindibles para la estructura, pero imprescindibles para los niños y las familias que nos miran con amor, que reconocen nuestro esfuerzo, que entienden que la docencia es mucho más que cumplir un horario.
La Dirección General de Cultura y Educación se ha vuelto un organismo desagradecido.
Se olvida de los años de entrega, de los abrazos, de las palabras, de la vocación que sostenemos día tras día en contextos cada vez más difíciles.
Y mientras los trámites se acumulan y las respuestas no llegan, se destruyen vidas, se daña la salud, se apaga la vocación de quienes eligieron educar.
Vivimos en una sociedad que también ha cambiado.
Hoy, muchas veces, se confunden las escuelas y jardines con guarderías, y se pierde el valor de la tarea pedagógica, del acompañamiento emocional, del trabajo silencioso que hacemos por cada niño.
El verdadero agradecimiento no viene del sistema: viene de los chicos que nos abrazan, de las familias que nos dicen gracias, de esas miradas sinceras que nos recuerdan por qué elegimos esta profesión.
Pero el Estado, que debería ser el primero en reconocer, nos da la espalda.
Hoy me pregunto:
¿Cuántos docentes como Gabriela hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos en la Argentina?
¿Qué respuesta nos darían si hiciéramos esa pregunta en voz alta?
¿Qué pasa cuando los docentes no cumplimos plazos, cuando no entregamos en tiempo y forma? Las sanciones llegan enseguida.
Entonces, ¿por qué la Dirección General de Cultura y Educación sí tiene derecho a no respetar los plazos establecidos por su propia normativa?
¿Por qué puede hacer lo que quiere, sin importar la vida que daña, las familias que destruye, la salud mental que quiebra?
Hoy, por cualquier cosa, por cualquier queja de cualquier padre —que siempre es bien recibida por nuestros superiores—, nos señalan, nos acusan, nos abren sumarios administrativos que quedan guardados en un cajón.
Sumarios que no cumplen plazos, que no respetan la normativa.
Y mientras tanto, quienes se llenan la boca hablando de respeto, de normativa y de derechos, no respetan a los propios docentes.
He visto en mi carrera docente sumarios dormidos ante denuncias verdaderas de maltrato infantil, donde no se tomaron las medidas justas; y, en cambio, he visto cómo se arruinan injustamente las vidas de otros por falsas acusaciones o por abusos de autoridad.
Qué triste cuando los colegas miran para otro lado o señalan, pensando que a ellos nunca les va a tocar.
Pero hoy es Gabriela, Juan, Laura, Pedro… mañana puedo ser yo, mañana podés ser vos, uno más en la lista de esta injusticia. Nadie indemniza a quien le arruinaron la vida. Nadie repara los años de angustia, el dolor de ser señalado, la pérdida de vocación.
Por eso, hoy más que nunca, levantamos la voz por todos los docentes que siguen esperando justicia, respeto y humanidad. Porque enseñar no debería doler. Porque ningún expediente debería durar más que una vida.
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