1. María Laura: ¿Cómo representante en temas de educación en Olavarría de LLA ¿Cuáles son las potencialidades que nos dejará la nueva ley de educación propuesta por su partido?
Como uno de los representantes de La Libertad Avanza en educación de Olavarría, considero que él proyecto socializado como Ley de Libertad Educativa, se inscribe en la necesidad de revisar críticamente el marco normativo vigente el cual ha consolidado un sistema altamente centralizado en lo discursivo, pero fragmentado e ineficiente en su implementación, con escasa capacidad de adaptación a los cambios sociales, tecnológicos y productivos de la última década.
Un aspecto central de esta discusión, que la nueva ley pone en evidencia, es el reconocimiento por parte de la propuesta del marco constitucional vigente, según el cual la responsabilidad primaria sobre la educación obligatoria recae en las jurisdicciones provinciales. En este sentido, la Ley de Libertad Educativa no busca re centralizar decisiones, sino ordenar el sistema desde un enfoque federal real ( sin que esto tenga nada que ver con la tan mentada Ley Federal que desde el Justicialismo y todas sus vertientes se diseñó, legisló, ejecutó y luego nadie se hizo cargo ), donde el Estado nacional fija lineamientos generales, contenidos comunes y mecanismos de evaluación, mientras que las provincias conservan la responsabilidad de gestión, organización y adecuación territorial de la educación obligatoria.
Desde esta perspectiva, una de las principales potencialidades de la ley reside en la re configuración del rol del Estado. Se propone un Estado que abandona un modelo excesivamente prescriptivo y avanza hacia funciones estratégicas claras: garantía del derecho a la educación, regulación básica, evaluación de resultados y transparencia del sistema. Este corrimiento permite fortalecer la responsabilidad institucional sin debilitar el principio de equidad.
La ampliación de la autonomía institucional constituye, en este marco, un eje estructurante. Otorgar a las escuelas mayor capacidad de decisión en aspectos organizacionales, pedagógicos y curriculares habilita procesos de innovación sostenidos, fortalece el liderazgo de los equipos directivos y favorece una articulación más consistente con el entramado social y productivo de cada territorio. En ciudades como Olavarría, esta autonomía resulta clave para construir propuestas educativas con mayor pertinencia local y sentido formativo.
La ley también propone una concepción plural del sistema educativo, reconociendo la legitimidad de diversas modalidades y trayectorias formativas.
La incorporación y regulación de formatos híbridos, virtuales y alternativas educativas no tradicionales responde a prácticas que ya existen y que requieren un encuadre normativo claro, evitando soluciones informales o desiguales. Desde una perspectiva de política pública, esta diversificación permite reducir rigideces estructurales que históricamente han derivado en trayectorias discontinuas o en exclusión educativa, aquí por ejemplo es interesante que desde las jurisdicciones se tensione lo normado en cuanto a una escuela si o si graduada para que esto no sea un
escollo en la equidad bien entendida.
En relación con el nivel superior, la propuesta permite además abrir un debate necesario. En el caso del sistema universitario, se respeta su autonomía constitucional y su régimen específico, manteniendo al Estado nacional en un rol de financiamiento, evaluación y garantía del acceso. Sin embargo, resulta imprescindible revisar críticamente la situación del nivel superior no universitario, que a partir de los procesos de transferencia a las provincias se ha expandido de manera desordenada, con una proliferación de institutos terciarios que, en muchos casos, han perdido identidad académica y se han visto progresivamente “secundarizados”.
Este fenómeno ha generado una fragmentación institucional significativa y problemas persistentes de calidad, coherencia curricular y vinculación con el mundo del trabajo y la producción. La Ley de Libertad Educativa abre la posibilidad de reordenar este subsistema, fortaleciendo criterios de calidad, evaluación y pertinencia, y recuperando el sentido formativo específico de la educación superior no universitaria.
Por último, la ley enfatiza la importancia de sistemas de evaluación y rendición de cuentas transparentes, entendidos como herramientas para la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencia, y no como mecanismos sancionatorios. Contar con información clara y accesible resulta indispensable para fortalecer la confianza social en el sistema educativo y orientar políticas públicas más eficaces. Es decir, proponemos un cambio de paradigma en la gobernanza del sistema educativo, alineado con el federalismo constitucional, orientado a mayor autonomía institucional, pluralidad de propuestas y responsabilidad efectiva de los distintos niveles del Estado, ya que
entendemos que este enfoque es condición necesaria para recuperar calidad, coherencia y sentido estratégico en la educación argentina.
Como uno de los representantes de La Libertad Avanza en educación de Olavarría, considero que él proyecto socializado como Ley de Libertad Educativa, se inscribe en la necesidad de revisar críticamente el marco normativo vigente el cual ha consolidado un sistema altamente centralizado en lo discursivo, pero fragmentado e ineficiente en su implementación, con escasa capacidad de adaptación a los cambios sociales, tecnológicos y productivos de la última década.
Un aspecto central de esta discusión, que la nueva ley pone en evidencia, es el reconocimiento por parte de la propuesta del marco constitucional vigente, según el cual la responsabilidad primaria sobre la educación obligatoria recae en las jurisdicciones provinciales. En este sentido, la Ley de Libertad Educativa no busca re centralizar decisiones, sino ordenar el sistema desde un enfoque federal real ( sin que esto tenga nada que ver con la tan mentada Ley Federal que desde el Justicialismo y todas sus vertientes se diseñó, legisló, ejecutó y luego nadie se hizo cargo ), donde el Estado nacional fija lineamientos generales, contenidos comunes y mecanismos de evaluación, mientras que las provincias conservan la responsabilidad de gestión, organización y adecuación territorial de la educación obligatoria.
Desde esta perspectiva, una de las principales potencialidades de la ley reside en la re configuración del rol del Estado. Se propone un Estado que abandona un modelo excesivamente prescriptivo y avanza hacia funciones estratégicas claras: garantía del derecho a la educación, regulación básica, evaluación de resultados y transparencia del sistema. Este corrimiento permite fortalecer la responsabilidad institucional sin debilitar el principio de equidad.
La ampliación de la autonomía institucional constituye, en este marco, un eje estructurante. Otorgar a las escuelas mayor capacidad de decisión en aspectos organizacionales, pedagógicos y curriculares habilita procesos de innovación sostenidos, fortalece el liderazgo de los equipos directivos y favorece una articulación más consistente con el entramado social y productivo de cada territorio. En ciudades como Olavarría, esta autonomía resulta clave para construir propuestas educativas con mayor pertinencia local y sentido formativo.
La ley también propone una concepción plural del sistema educativo, reconociendo la legitimidad de diversas modalidades y trayectorias formativas.
La incorporación y regulación de formatos híbridos, virtuales y alternativas educativas no tradicionales responde a prácticas que ya existen y que requieren un encuadre normativo claro, evitando soluciones informales o desiguales. Desde una perspectiva de política pública, esta diversificación permite reducir rigideces estructurales que históricamente han derivado en trayectorias discontinuas o en exclusión educativa, aquí por ejemplo es interesante que desde las jurisdicciones se tensione lo normado en cuanto a una escuela si o si graduada para que esto no sea un
escollo en la equidad bien entendida.
En relación con el nivel superior, la propuesta permite además abrir un debate necesario. En el caso del sistema universitario, se respeta su autonomía constitucional y su régimen específico, manteniendo al Estado nacional en un rol de financiamiento, evaluación y garantía del acceso. Sin embargo, resulta imprescindible revisar críticamente la situación del nivel superior no universitario, que a partir de los procesos de transferencia a las provincias se ha expandido de manera desordenada, con una proliferación de institutos terciarios que, en muchos casos, han perdido identidad académica y se han visto progresivamente “secundarizados”.
Este fenómeno ha generado una fragmentación institucional significativa y problemas persistentes de calidad, coherencia curricular y vinculación con el mundo del trabajo y la producción. La Ley de Libertad Educativa abre la posibilidad de reordenar este subsistema, fortaleciendo criterios de calidad, evaluación y pertinencia, y recuperando el sentido formativo específico de la educación superior no universitaria.
Por último, la ley enfatiza la importancia de sistemas de evaluación y rendición de cuentas transparentes, entendidos como herramientas para la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencia, y no como mecanismos sancionatorios. Contar con información clara y accesible resulta indispensable para fortalecer la confianza social en el sistema educativo y orientar políticas públicas más eficaces. Es decir, proponemos un cambio de paradigma en la gobernanza del sistema educativo, alineado con el federalismo constitucional, orientado a mayor autonomía institucional, pluralidad de propuestas y responsabilidad efectiva de los distintos niveles del Estado, ya que
entendemos que este enfoque es condición necesaria para recuperar calidad, coherencia y sentido estratégico en la educación argentina.
2) ¿Cómo se logra una transparencia en el sistema de calificación docente? ¿Por qué es necesario estar calificando a los docentes?
Desde nuestra perspectiva, la transparencia en el sistema educativo es una condición indispensable para garantizar igualdad ante la ley, previsibilidad institucional y un uso responsable de los recursos públicos. En el caso del sistema de calificación docente, esta transparencia no se logra mediante la creación de nuevos mecanismos de control, sino a través del cumplimiento efectivo y ordenado de los marcos normativos vigentes, en particular los Estatutos del Docente de las diferentes jurisdicciones.
La evaluación debe ser entendida como una herramienta ordenadora ya que posibilta que el recurso docente “de excelencia” ocupe el lugar preponderante que se merece y propicia la profesionalización docente. Si esperamos estudiantes con las competencias requeridas para el mundo actual, debemos evaluar a los docentes para realizar los ajustes pertinentes para cumplir con ese objetivo.
Estos cuerpos normativos ya establecen que la calificación docente es un acto administrativo regulado, con criterios definidos, procedimientos formales y garantías de debido proceso. Desde el enfoque de LLA, el problema no radica en la existencia del sistema de calificación, sino en su aplicación desigual, opaca o meramente ritual, que termina vaciándolo de sentido y generando desconfianza tanto en los docentes como en la comunidad educativa.
Lograr transparencia implica, en primer lugar, asegurar que los criterios de calificación sean claros, públicos y previamente conocidos, y que se apliquen de manera homogénea en todo el territorio. La libertad institucional y profesional que promueve La Libertad Avanza es incompatible con la arbitrariedad: reglas claras y estables son la
base para que cada trabajador pueda ejercer su función con autonomía y responsabilidad.
En segundo lugar, la transparencia exige el respeto estricto de los circuitos administrativos, garantizando que cada calificación esté debidamente fundada, documentada y notificada; por ejemplo, en Pcia de Buenos Aires, la Ley 10.430 consagra principios esenciales como la legalidad, la motivación de los actos administrativos y el derecho a la información, que deben ser plenamente operativos.
Desde una mirada liberal, un Estado que califica debe hacerlo con reglas claras, procedimientos verificables y posibilidades reales de revisión, evitando discrecionalidades y prácticas informales que terminan convirtiendo a la evaluación y calificación docente en un “como si” Asimismo, resulta fundamental avanzar en la sistematización y trazabilidad de la información, incorporando herramientas que permitan al docente conocer y seguir su trayectoria administrativa a lo largo de la carrera. Para La Libertad Avanza, la transparencia no es sólo un valor ético, sino una condición para limitar el poder discrecional del Estado y fortalecer la confianza en las instituciones. Respecto de la necesidad de calificar a los docentes, sostenemos que la calificación es un instrumento central para garantizar una carrera docente basada en el mérito, la responsabilidad y el cumplimiento de funciones, tal como lo establecen los Estatutos Docentes.
Calificar no es sancionar ni perseguir, sino ordenar el sistema, asegurando que los ascensos, titularizaciones y accesos a cargos jerárquicos se realicen conforme a antecedentes objetivos y verificables.
Desde una perspectiva pedagógica, la calificación también cumple una función orientadora, permitiendo identificar desempeños, responsabilidades asumidas y necesidades de formación, lo que resulta clave para diseñar políticas de capacitación más eficaces y pertinentes. En este sentido, evaluar es una forma de reconocer el trabajo docente y de darle valor institucional a la tarea cotidiana en el aula y en la escuela.
Para nosotros la transparencia en la calificación docente se logra con reglas claras, procedimientos previsibles y plena vigencia del marco legal existente, sin discrecionalidad ni opacidad. Calificar a los docentes no es una opción ideológica ni una medida punitiva, sino una obligación del sistema educativo, indispensable para garantizar igualdad de trato, responsabilidad institucional y una carrera docente justa, transparente y basada en el mérito y las competencias, en beneficio del conjunto de la comunidad educativa.
Desde nuestra perspectiva, la transparencia en el sistema educativo es una condición indispensable para garantizar igualdad ante la ley, previsibilidad institucional y un uso responsable de los recursos públicos. En el caso del sistema de calificación docente, esta transparencia no se logra mediante la creación de nuevos mecanismos de control, sino a través del cumplimiento efectivo y ordenado de los marcos normativos vigentes, en particular los Estatutos del Docente de las diferentes jurisdicciones.
La evaluación debe ser entendida como una herramienta ordenadora ya que posibilta que el recurso docente “de excelencia” ocupe el lugar preponderante que se merece y propicia la profesionalización docente. Si esperamos estudiantes con las competencias requeridas para el mundo actual, debemos evaluar a los docentes para realizar los ajustes pertinentes para cumplir con ese objetivo.
Estos cuerpos normativos ya establecen que la calificación docente es un acto administrativo regulado, con criterios definidos, procedimientos formales y garantías de debido proceso. Desde el enfoque de LLA, el problema no radica en la existencia del sistema de calificación, sino en su aplicación desigual, opaca o meramente ritual, que termina vaciándolo de sentido y generando desconfianza tanto en los docentes como en la comunidad educativa.
Lograr transparencia implica, en primer lugar, asegurar que los criterios de calificación sean claros, públicos y previamente conocidos, y que se apliquen de manera homogénea en todo el territorio. La libertad institucional y profesional que promueve La Libertad Avanza es incompatible con la arbitrariedad: reglas claras y estables son la
base para que cada trabajador pueda ejercer su función con autonomía y responsabilidad.
En segundo lugar, la transparencia exige el respeto estricto de los circuitos administrativos, garantizando que cada calificación esté debidamente fundada, documentada y notificada; por ejemplo, en Pcia de Buenos Aires, la Ley 10.430 consagra principios esenciales como la legalidad, la motivación de los actos administrativos y el derecho a la información, que deben ser plenamente operativos.
Desde una mirada liberal, un Estado que califica debe hacerlo con reglas claras, procedimientos verificables y posibilidades reales de revisión, evitando discrecionalidades y prácticas informales que terminan convirtiendo a la evaluación y calificación docente en un “como si” Asimismo, resulta fundamental avanzar en la sistematización y trazabilidad de la información, incorporando herramientas que permitan al docente conocer y seguir su trayectoria administrativa a lo largo de la carrera. Para La Libertad Avanza, la transparencia no es sólo un valor ético, sino una condición para limitar el poder discrecional del Estado y fortalecer la confianza en las instituciones. Respecto de la necesidad de calificar a los docentes, sostenemos que la calificación es un instrumento central para garantizar una carrera docente basada en el mérito, la responsabilidad y el cumplimiento de funciones, tal como lo establecen los Estatutos Docentes.
Calificar no es sancionar ni perseguir, sino ordenar el sistema, asegurando que los ascensos, titularizaciones y accesos a cargos jerárquicos se realicen conforme a antecedentes objetivos y verificables.
Desde una perspectiva pedagógica, la calificación también cumple una función orientadora, permitiendo identificar desempeños, responsabilidades asumidas y necesidades de formación, lo que resulta clave para diseñar políticas de capacitación más eficaces y pertinentes. En este sentido, evaluar es una forma de reconocer el trabajo docente y de darle valor institucional a la tarea cotidiana en el aula y en la escuela.
Para nosotros la transparencia en la calificación docente se logra con reglas claras, procedimientos previsibles y plena vigencia del marco legal existente, sin discrecionalidad ni opacidad. Calificar a los docentes no es una opción ideológica ni una medida punitiva, sino una obligación del sistema educativo, indispensable para garantizar igualdad de trato, responsabilidad institucional y una carrera docente justa, transparente y basada en el mérito y las competencias, en beneficio del conjunto de la comunidad educativa.
3) María Laura: Cómo ciudadano comprometido en la función tan importante como ser Consejera la consulto: ¿Cuáles son las claves según usted para que haya en Olavarría mayor inclusión educativa?
Desde mi rol como Consejera Escolar, y de acuerdo con las funciones que establece la Ley Provincial de Educación N.º 13.688, la inclusión educativa debe abordarse desde una perspectiva concreta y verificable. Para nuestro espacio, la inclusión no se construye a partir de declaraciones abstractas, sino mediante políticas públicas eficaces, orientadas a garantizar condiciones reales de escolarización y a administrar con responsabilidad los recursos del Estado.
En este sentido, la inclusión educativa y la eficiencia del gasto público no son conceptos opuestos, sino complementarios. Un Estado que gestiona de manera ineficiente reproduce desigualdades; un Estado que administra con criterios de eficiencia amplía el acceso real a derechos. Desde los Consejos Escolares, esta articulación se expresa en decisiones cotidianas que impactan directamente en la posibilidad de que los estudiantes accedan, permanezcan y aprendan en la escuela.
Una primera clave es la infraestructura escolar, escuelas en condiciones edilicias adecuadas, seguras y funcionales son la base de cualquier política de inclusión; la eficiencia del gasto implica priorizar el mantenimiento preventivo, el saneamiento básico y la inversión donde realmente se necesita, evitando intervenciones fragmentadas o respuestas tardías que terminan siendo más costosas y menos efectivas.
El transporte escolar es otro eje central de inclusión, especialmente en un distrito con zonas rurales y extensiones significativas como Olavarría, garantizar el traslado regular y seguro de los estudiantes requiere planificación, control y uso responsable de los recursos, siendo la planificación de los recorridos una labor más que importante en
la inclusión educativa.
El Servicio Alimentario Escolar (SAE) constituye una política de inclusión concreta y diaria; para nosotros, su eficacia depende de la transparencia en la gestión, el control de calidad y la correcta asignación de recursos. Un SAE bien administrado no solo mejora la asistencia y el rendimiento escolar, sino que evita desvíos y desigualdades entre establecimientos. Ligado a esto, el programa MESA es uno de los programas que estamos siguiendo y observando ya que hemos detectado que el mismo no se está ejecutando acorde a evidencias tangibles y urge la realización de relevamientos que involucren a las Orientadoras Sociales o Asistentes sociales con que cuentan los servicios educativos, que las mismas realicen un trabajo serio y no que el relevamiento sea solo un mero cumplimiento administrativo, es prioritario identificar fehacientemente a las familias que efectivamente requieren asistencia y a partir de la revisión de los listados mejorar la asistencia a quienes realmente lo necesiten y no desde la presunción ya que esto conduce a la baja eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
La cooperación escolar y el vínculo con las asociaciones cooperadoras también forman parte de esta lógica, cuando se articulan con reglas claras y rendición de cuentas, permiten complementar la acción estatal sin sustituirla, fortaleciendo el tejido comunitario y optimizando recursos disponibles.
|Un componente frecuentemente invisibilizado es el trabajo de los auxiliares de la educación, garantizar una correcta asignación, condiciones laborales adecuadas y reconocimiento institucional no solo es una obligación legal, sino una decisión eficiente: escuelas limpias, seguras y en funcionamiento permanente reducen conflictos, interrupciones y gastos extraordinarios.
Finalmente, el mantenimiento y saneamiento permanente de los edificios escolares constituye una política de inclusión y de eficiencia a la vez. Intervenir de manera planificada y sostenida resulta menos costoso y más efectivo que responder a emergencias evitables.
Desde nuestra perspectiva y desde el rol específico que la ley asigna a los Consejos Escolares, la inclusión educativa en Olavarría se logra cuando el Estado cumple sus funciones esenciales con eficiencia, priorizando infraestructura, transporte, alimentación y condiciones laborales dignas. Incluir no es multiplicar estructuras ni burocracia, sino hacer funcionar correctamente el sistema, con transparencia, control y foco en resultados concretos para las escuelas y los estudiantes
Desde mi rol como Consejera Escolar, y de acuerdo con las funciones que establece la Ley Provincial de Educación N.º 13.688, la inclusión educativa debe abordarse desde una perspectiva concreta y verificable. Para nuestro espacio, la inclusión no se construye a partir de declaraciones abstractas, sino mediante políticas públicas eficaces, orientadas a garantizar condiciones reales de escolarización y a administrar con responsabilidad los recursos del Estado.
En este sentido, la inclusión educativa y la eficiencia del gasto público no son conceptos opuestos, sino complementarios. Un Estado que gestiona de manera ineficiente reproduce desigualdades; un Estado que administra con criterios de eficiencia amplía el acceso real a derechos. Desde los Consejos Escolares, esta articulación se expresa en decisiones cotidianas que impactan directamente en la posibilidad de que los estudiantes accedan, permanezcan y aprendan en la escuela.
Una primera clave es la infraestructura escolar, escuelas en condiciones edilicias adecuadas, seguras y funcionales son la base de cualquier política de inclusión; la eficiencia del gasto implica priorizar el mantenimiento preventivo, el saneamiento básico y la inversión donde realmente se necesita, evitando intervenciones fragmentadas o respuestas tardías que terminan siendo más costosas y menos efectivas.
El transporte escolar es otro eje central de inclusión, especialmente en un distrito con zonas rurales y extensiones significativas como Olavarría, garantizar el traslado regular y seguro de los estudiantes requiere planificación, control y uso responsable de los recursos, siendo la planificación de los recorridos una labor más que importante en
la inclusión educativa.
El Servicio Alimentario Escolar (SAE) constituye una política de inclusión concreta y diaria; para nosotros, su eficacia depende de la transparencia en la gestión, el control de calidad y la correcta asignación de recursos. Un SAE bien administrado no solo mejora la asistencia y el rendimiento escolar, sino que evita desvíos y desigualdades entre establecimientos. Ligado a esto, el programa MESA es uno de los programas que estamos siguiendo y observando ya que hemos detectado que el mismo no se está ejecutando acorde a evidencias tangibles y urge la realización de relevamientos que involucren a las Orientadoras Sociales o Asistentes sociales con que cuentan los servicios educativos, que las mismas realicen un trabajo serio y no que el relevamiento sea solo un mero cumplimiento administrativo, es prioritario identificar fehacientemente a las familias que efectivamente requieren asistencia y a partir de la revisión de los listados mejorar la asistencia a quienes realmente lo necesiten y no desde la presunción ya que esto conduce a la baja eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
La cooperación escolar y el vínculo con las asociaciones cooperadoras también forman parte de esta lógica, cuando se articulan con reglas claras y rendición de cuentas, permiten complementar la acción estatal sin sustituirla, fortaleciendo el tejido comunitario y optimizando recursos disponibles.
|Un componente frecuentemente invisibilizado es el trabajo de los auxiliares de la educación, garantizar una correcta asignación, condiciones laborales adecuadas y reconocimiento institucional no solo es una obligación legal, sino una decisión eficiente: escuelas limpias, seguras y en funcionamiento permanente reducen conflictos, interrupciones y gastos extraordinarios.
Finalmente, el mantenimiento y saneamiento permanente de los edificios escolares constituye una política de inclusión y de eficiencia a la vez. Intervenir de manera planificada y sostenida resulta menos costoso y más efectivo que responder a emergencias evitables.
Desde nuestra perspectiva y desde el rol específico que la ley asigna a los Consejos Escolares, la inclusión educativa en Olavarría se logra cuando el Estado cumple sus funciones esenciales con eficiencia, priorizando infraestructura, transporte, alimentación y condiciones laborales dignas. Incluir no es multiplicar estructuras ni burocracia, sino hacer funcionar correctamente el sistema, con transparencia, control y foco en resultados concretos para las escuelas y los estudiantes
4) En Olavarría: ¿Cómo se administran fondos públicos?, ¿Qué hacen con ellos en el Consejo Escolar? ¿Cuáles son las falencias de aplicación del Fondo Educativo en el Distrito de Olavarría?
La administración de los fondos públicos destinados a educación en Olavarría se encuentra regulada por un marco normativo preciso que establece la afectación específica de los recursos al sistema educativo, entre ellos el denominado Fondo Educativo, cuyo destino no debe ser discrecional; la normativa vigente establece que estos recursos deben aplicarse de manera prioritaria a políticas educativas concretas,incluyendo infraestructura, equipamiento y mejoras en las condiciones de escolarización, y que un porcentaje debe destinarse a obras y mejoras edilicias.
Desde el Consejo Escolar, los fondos públicos se administran con el objetivo degarantizar el funcionamiento material de las escuelas del distrito. Esto incluye la gestión de recursos vinculados a infraestructura escolar, mantenimiento, transporte escolar,Servicio Alimentario Escolar, provisión de insumos y acompañamiento al funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Se trata de decisiones que impactan directamente enla posibilidad de que el derecho a la educación se ejerza en condiciones reales.
Ahora bien, desde una perspectiva de política pública la discusión no se agota en cuánto se gasta, sino cómo y con qué criterios se gasta. La eficiencia del gasto público exige que toda decisión esté basada en evidencia, en diagnósticos objetivos yen necesidades concretas del sistema educativo, y no en criterios coyunturales,discrecionales o de afinidad política.
Un gran problema hoy es la transferencia efectiva de los fondos a las arcas del Consejo Escolar, por ejemplo, fin de Enero 2026 y se ha comenzado a recibir goteo de fondos correspondientes a mes de Octubre 2025, esto genera dificultades serias en los proveedores, la gente no puede quedar al límite de la insolvencia trabajando. El estado pcial paga mal y a destiempo.
Una de las principales falencias en la aplicación del Fondo Educativo en el distrito es la debilidad en la planificación estratégica, especialmente en materia de infraestructura; en muchos casos, las decisiones de inversión no surgen de relevamientos técnicos sistemáticos ni de proyecciones demográficas claras, sino dedemandas fragmentadas que no siempre reflejan las prioridades estructurales del sistema.
En este punto, resulta imprescindible incorporar variables objetivas que hoy están insuficientemente consideradas, por ejemplo la reducción sostenida de la tasa denatalidad debería ser un insumo central para planificar infraestructura, ampliaciones o nuevas construcciones escolares.
Persistir en lógicas expansivas sin considerar esta tendencia demográfica puede derivar en inversiones poco eficientes o sobre dimensionadas; del mismo modo, la expansión del ejido urbano, particularmente en sectores asociados a clases medias, noimpacta automáticamente en la matrícula de las escuelas públicas del entorno. L aexperiencia muestra que muchos de esos nuevos vecinos no eligen las escuelas estatales consideradas periurbanas y con matrículas históricamente vulnerables.
Ignorar esta dinámica social y territorial conduce a diagnósticos erróneos y a decisiones de inversión que no se traducen en mejoras reales en inclusión ni en matrícula.
Otra falencia relevante es la ausencia de criterios transparentes y verificables depriorización, lo que puede dar lugar a percepciones de arbitrariedad en la asignación de recursos; la política educativa no puede basarse en simpatías personales, afinidad escircunstanciales ni relaciones institucionales informales. La inversión pública deberesponder a indicadores claros: estado edilicio, riesgos sanitarios, accesibilidad,matrícula real y proyecciones fundadas.
Desde La Libertad Avanza sostenemos que un Estado eficiente es aquel que decide con datos, no con intuiciones ni conveniencias políticas. La evidencia debe guiar tanto la asignación de fondos como la evaluación de su impacto. Esto implica fortalecerlos sistemas de información, los relevamientos técnicos y la rendición de cuentas,permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se usan los recursos y con qué resultados concretos.
También es importante destacar que en Olavarría en el Presupuesto 2026aprobado con el voto doble del Presidente del Concejo Deliberante, solo el 40% del Fondo educativo se destinará efectivamente a educación, nuestros concejales votaron en disidencia ya que estamos convencidos que la totalidad del fondo educativo debedestinarse a infraestructura escolar.
Pero las falencias en la aplicación del Fondo Educativo en Olavarría no se explica núnicamente por restricciones presupuestarias, sino por déficits en la planificación basada en evidencia, en la consideración de variables demográficas y sociales, y en la definición de criterios transparentes de inversión. Corregir estas debilidades es clave
para que cada peso destinado a educación tenga impacto real, mejore las condicion es de las escuelas y contribuya efectivamente a una mayor inclusión educativa.
La administración de los fondos públicos destinados a educación en Olavarría se encuentra regulada por un marco normativo preciso que establece la afectación específica de los recursos al sistema educativo, entre ellos el denominado Fondo Educativo, cuyo destino no debe ser discrecional; la normativa vigente establece que estos recursos deben aplicarse de manera prioritaria a políticas educativas concretas,incluyendo infraestructura, equipamiento y mejoras en las condiciones de escolarización, y que un porcentaje debe destinarse a obras y mejoras edilicias.
Desde el Consejo Escolar, los fondos públicos se administran con el objetivo degarantizar el funcionamiento material de las escuelas del distrito. Esto incluye la gestión de recursos vinculados a infraestructura escolar, mantenimiento, transporte escolar,Servicio Alimentario Escolar, provisión de insumos y acompañamiento al funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Se trata de decisiones que impactan directamente enla posibilidad de que el derecho a la educación se ejerza en condiciones reales.
Ahora bien, desde una perspectiva de política pública la discusión no se agota en cuánto se gasta, sino cómo y con qué criterios se gasta. La eficiencia del gasto público exige que toda decisión esté basada en evidencia, en diagnósticos objetivos yen necesidades concretas del sistema educativo, y no en criterios coyunturales,discrecionales o de afinidad política.
Un gran problema hoy es la transferencia efectiva de los fondos a las arcas del Consejo Escolar, por ejemplo, fin de Enero 2026 y se ha comenzado a recibir goteo de fondos correspondientes a mes de Octubre 2025, esto genera dificultades serias en los proveedores, la gente no puede quedar al límite de la insolvencia trabajando. El estado pcial paga mal y a destiempo.
Una de las principales falencias en la aplicación del Fondo Educativo en el distrito es la debilidad en la planificación estratégica, especialmente en materia de infraestructura; en muchos casos, las decisiones de inversión no surgen de relevamientos técnicos sistemáticos ni de proyecciones demográficas claras, sino dedemandas fragmentadas que no siempre reflejan las prioridades estructurales del sistema.
En este punto, resulta imprescindible incorporar variables objetivas que hoy están insuficientemente consideradas, por ejemplo la reducción sostenida de la tasa denatalidad debería ser un insumo central para planificar infraestructura, ampliaciones o nuevas construcciones escolares.
Persistir en lógicas expansivas sin considerar esta tendencia demográfica puede derivar en inversiones poco eficientes o sobre dimensionadas; del mismo modo, la expansión del ejido urbano, particularmente en sectores asociados a clases medias, noimpacta automáticamente en la matrícula de las escuelas públicas del entorno. L aexperiencia muestra que muchos de esos nuevos vecinos no eligen las escuelas estatales consideradas periurbanas y con matrículas históricamente vulnerables.
Ignorar esta dinámica social y territorial conduce a diagnósticos erróneos y a decisiones de inversión que no se traducen en mejoras reales en inclusión ni en matrícula.
Otra falencia relevante es la ausencia de criterios transparentes y verificables depriorización, lo que puede dar lugar a percepciones de arbitrariedad en la asignación de recursos; la política educativa no puede basarse en simpatías personales, afinidad escircunstanciales ni relaciones institucionales informales. La inversión pública deberesponder a indicadores claros: estado edilicio, riesgos sanitarios, accesibilidad,matrícula real y proyecciones fundadas.
Desde La Libertad Avanza sostenemos que un Estado eficiente es aquel que decide con datos, no con intuiciones ni conveniencias políticas. La evidencia debe guiar tanto la asignación de fondos como la evaluación de su impacto. Esto implica fortalecerlos sistemas de información, los relevamientos técnicos y la rendición de cuentas,permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se usan los recursos y con qué resultados concretos.
También es importante destacar que en Olavarría en el Presupuesto 2026aprobado con el voto doble del Presidente del Concejo Deliberante, solo el 40% del Fondo educativo se destinará efectivamente a educación, nuestros concejales votaron en disidencia ya que estamos convencidos que la totalidad del fondo educativo debedestinarse a infraestructura escolar.
Pero las falencias en la aplicación del Fondo Educativo en Olavarría no se explica núnicamente por restricciones presupuestarias, sino por déficits en la planificación basada en evidencia, en la consideración de variables demográficas y sociales, y en la definición de criterios transparentes de inversión. Corregir estas debilidades es clave
para que cada peso destinado a educación tenga impacto real, mejore las condicion es de las escuelas y contribuya efectivamente a una mayor inclusión educativa.
Gracias María Laura.
Perfil de María Laura Salvador: Consejera Escolar en Olavarría por LLA. Vice presidente Consejo Escolar Olavarría. Magister en Políticas Públicas Policy maker. Profesora de Historia. Licenciada en Educación. Universidad Tecnológica Nacional Diplomada en Políticas Públicas. Universidad Siglo 21. Ex-Inspectora Educación Técnico Profesional – Región 25. Pcia de Bs. As. Fue Inspectora Prov. de Educación Técnica – Región 25 Pcia. de Bs. As. Ex Directora Titular Educación Secundaria – Esc N° 10. Olavarría. Actualidad. Prof. Titular Educ. Técnica – Esc N° 1 Olavarría. Prof. Titular Educ. Técnica – Esc N° 2 Olavarría
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