PARTE I. Capítulo 5 – El rol del Estado. Garante de derechos pero no proveedor exclusivo Garantizar no es sinónimo de monopolizar El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educación. Pero garantizar no es sinónimo de monopolizar. Hace mucho tiempo que la educación pública es concebida desde una matriz fundamentalmente estatista cerrada, donde la provisión directa por parte del Estado era si no la única, pero sí seguramente la mejor forma legítima de cumplimiento del derecho. Esta visión, hoy obsoleta, ha derivado en estructuras rígidas, centralizadas y con escasa capacidad de respuesta a la diversidad de necesidades educativas. Y como muestra de evidencia fehaciente, sobran los resultados de aprendizajes y educativos en general, sensiblemente distintos entre educación de gestión estatal y privada.
Una mirada profundamente comprometida con el derecho a la educación, nos propone un rediseño profundo del rol estatal: menos orientado a controlar y homogeneizar, y más enfocado en asegurar que todos los estudiantes, sin importar su origen, accedan a una educación de calidad, independientemente de quién la provea. Veamos algunos pilares fundamentales para una transformación institucional de fondo.
En primer lugar una nueva arquitectura estatal con menos control, pero más supervisión.
El aparato educativo provincial opera sobre la base de una burocracia hipercentralizada que busca controlar cada aspecto del sistema, desde los contenidos curriculares hasta la forma en que se dictan las clases en cada escuela.
Esta lógica verticalista y normativista impide la autonomía institucional, limita la innovación y asfixia a las comunidades educativas.
Lo que se necesita no es más control, sino mejor supervisión. Supervisar no es imponer ni estandarizar, sino evaluar resultados, identificar buenas prácticas, y asegurar el cumplimiento de estándares básicos de calidad. El Estado debe asumir una nueva función de orientar, acompañar, evaluar y corregir, pero sin interferir en el día a día de las instituciones.
En este marco, una nueva arquitectura estatal requiere, como ya venimos desarrollando, de una descentralización real, con autonomía para las escuelas en aspectos pedagógicos, de gestión y uso de recursos. El rediseño del rol de las
Jefaturas Regionales y Distritales, con foco en la evaluación, apoyo técnico y transparencia y la creación de un sistema de información abierto y trazable, que permita medir el desempeño y brindar retroalimentación constante.
Así, el Estado pasa de ser un actor intervencionista a ser un garante activo de calidad, libertad y equidad.En segundo término, vemos la necesidad de proveer agencias independientes, establecer un sistema ágil de rendición de cuentas y una implementación de subsidios condicionados.
La falta de evaluación externa y la concentración de funciones dentro del mismo aparato estatal —que diseña, implementa, gestiona y se autoevalúa— ha erosionado la credibilidad del sistema educativo. Para recuperar legitimidad, es necesario incorporar mecanismos institucionales independientes que promuevan una auténtica rendición de cuentas. Esto implica funcionar con agencias de evaluación educativa independientes, que produzcan información transparente, confiable y pública sobre el desempeño de los estudiantes, las escuelas y las políticas educativas.
Se trata de disponer de sistemas de rendición de cuentas institucionales, donde cada escuela (estatal o privada) publique sus resultados y pueda ser comparada con otras, lo que incentiva la mejora y permite tomar decisiones informadas. Y como también ya mencionamos y desarrollaremos aun más adelante, el rediseño del sistema de financiamiento. Los subsidios a escuelas de gestión privada deben estar condicionados al cumplimiento de metas de calidad, inclusión y transparencia. El financiamiento público debe seguir al estudiante, no a la burocracia, y debe orientarse a resultados.
Estos cambios permiten pensar en superar un modelo clientelar, opaco y centrado en la provisión, para transformarlo en un modelo orientado a garantizar derechos con criterios de eficiencia, responsabilidad y diversidad de oferta.
Por último, crear las condiciones de paridad entre gestión estatal y privadaPor mucho tiempo, se sostuvo en muchos discursos oficiales una falsa dicotomía:
escuela estatal versus escuela privada, como si la segunda fuera un privilegio y la primera una carga estatal. Esta visión impide reconocer que ambas formas de gestión pueden —y deben— ser parte del sistema público de educación.
Lo importante no es tanto quién gestiona, sino qué calidad ofrece y a quién llega.
Por eso se requiere construir una paridad de trato entre escuelas estatales y privadas, con reglas claras, estándares comunes y obligaciones equivalentes en materia de evaluación, transparencia y rendición de cuentas. A esto se suma la propuesta de aumentar con experiencias tales como el voucher educativo o las escuelas charter, que ya hemos visto anteriormente.
Todo lo cual se traduce en una integración institucional más dinámica y fluida de las escuelas privadas al modelo de información y evaluación del sistema educativo provincial, con acceso equitativo a recursos, asistencia técnica y programas educativos, cuando las escuelas privadas cumplen criterios de servicio público (subsidios condicionados, inclusión, rendición de cuentas). Y también en una superación del sesgo ideológico que considera a lo estatal como intrínsecamente superior, y a lo privado como una amenaza o concesión.
Esquema de Financiamiento por Estudiante: Subsidio Educativo Condicionado
Como complemento de este cambio funcional en el Estado, el modelo base se apoyaría en el voucher público progresivo donde, como ya adelantamos, cada estudiante tiene asociado un valor educativo anual según nivel y modalidad. El Estado financia ese valor, independientemente de si la escuela es estatal o privada con subsidio. Las escuelas reciben el monto correspondiente en función de la cantidad de estudiantes matriculados y asistencias efectivas.
La condiciones para recibir este financiamiento serían:
1. Participación obligatoria en evaluaciones externas.
2. Publicación de resultados institucionales y planes de mejora.
3. Inclusión de estudiantes de sectores vulnerables (mínimo de matrícula social).
4. Cumplimiento de estándares curriculares y de supervisión pedagógica.
Un esquema de esta naturaleza requerirá algunos instrumentos complementarios como bonificaciones por desempeño, donde escuelas con mejoras verificables reciben incentivos adicionales. O bolsas de ayuda escolar para estudiantes provenientes de familias con de bajos ingresos, compatibles con escuelas privadas.
Transformar el rol del Estado en educación no implica retirarse ni desentenderse.
Implica por el contrario, cambiar el foco: del monopolio a la garantía, del control a la supervisión, de la administración cerrada a la apertura institucional. Se trata de reconstruir un Estado que no tema a la diversidad de ofertas educativas, que promueva la competencia virtuosa entre modelos de gestión, y que ejerza su autoridad para asegurar calidad, equidad y transparencia con reglas claras para todos.
El viejo paradigma centro estatista —basado en la idea de que sólo lo gestionado directamente por el Estado es verdaderamente público— ha entrado en crisis. La demanda social por mejores escuelas, mayor libertad de elección y resultados tangibles nos obliga a repensar cómo se organiza el sistema. La transformación del Estado como actor garante, regulador y evaluador, pero no como proveedor exclusivo, es una condición necesaria para liberar energías, estimular la innovación y democratizar verdaderamente el derecho a una educación de calidad
Sé el primero en comentar