A pesar de los avances realizados en los últimos años para ampliar la cobertura, más del 60% de las niñas y niños de la Argentina se encuentran en situación de pobreza y casi 1.200.000 no reciben ayuda económica del Estado, una situación que se agrava por los efectos de la pandemia COVID-19 en los sectores más vulnerables.
En este contexto, una reforma gradual del actual esquema de transferencias de ingreso permitiría que la Argentina cuente con un ingreso universal para las niñas, niños y adolescentes, según el documento “Ingreso universal para la infancia: más que la suma de las partes”, elaborado por Gala Díaz Langou, José Florito, y Matilde Karczmarckzyk, directora, coordinador, y analista respectivamente del Programa de Protección Social de CIPPEC.
La crisis social y económica profundizada por la pandemia empeoró aún
más la vulneración de derechos que experimentan niñas, niños y adolescentes.
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Más del 60% de las niñas y niños de la Argentina se encuentran en situación de pobreza y casi 1.200.000 no reciben ayuda económica del Estado.
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En Argentina el Estado nacional transfiere dinero a las familias con niñas, niños y adolescentes por tres vías: la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares contributivas y la deducción del Impuesto a las Ganancias.
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Una reforma gradual del actual esquema de transferencias de ingreso permitiría, aún atendiendo las restricciones fiscales, que la Argentina cuente con un “ingreso universal a la infancia”.
El documento presenta dos escenarios de reforma, costeados y proyectados a 2030. La inversión requerida para los escenarios asciende a $695.099 y $1.106.163 millones de pesos de 2020 respectivamente, lo que representa un 3% y 5% del PBI. Se propone un esquema de reforma gradual que parte de una inversión asequible en el corto plazo (0,3% del PBI para 2020).
Escenario 1: propone avanzar en primera instancia en la universalización de la cobertura eliminando restricciones normativas desde 2020 y avanzar en un incremento gradual de los montos que logre alcanzar en 2030 el valor de la canasta básica total para los niños y niñas que hoy perciben AUH y aquellos que se encuentran en las tres categorías más bajas del monotributo; y el valor de la canasta básica de alimentos para aquellos que perciben asignaciones familiares contributivas y no contributivas y quienes en la actualidad deducen ganancias. La inversión incremental en 2030 sería de $695.099 millones de pesos de 2020, 3% del PBI.
Además del incremento paulatino de los montos y de su progresividad, el documento identifica otras cuatro mejoras posibles que pueden coadyuvar al fortalecimiento de los esquemas de transferencias. Estas están orientadas a avanzar hacia la universalidad real de la cobertura, mejorar la equidad entre los subsistemas, transparentar el financiamiento y fortalecer la institucionalidad.
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Hacia la universalidad real de las asignaciones familiares. A pesar de que Argentina cuenta con uno de los sistemas de mayor cobertura de transferencias a familias con hijas/os en la región, actualmente sigue habiendo una proporción importante de niñas, niños y adolescentes excluidos. Resulta aún más preocupante que buena parte de la población sin cobertura pertenece a los deciles más bajos de ingresos.
El motivo de exclusión puede categorizarse en tres grandes grupos: normativa, exclusión derivada de la implementación y déficits de capacidades estatales. Respecto del primer grupo, se recomienda eliminar estas disposiciones del cuerpo normativo que regula el programa. Sobre la exclusión derivada de la implementación, la recomendación consiste en crear una cuenta bancaria a la que el niño, niña o adolescente pueda acceder según avance su autonomía progresiva y con ayuda y asesoramiento de su referente. Respecto del tercer grupo de motivos de exclusión, vinculado con los déficits de capacidades estatales, la recomendación es aumentar la incidencia de los operativos territoriales articulados entre ANSES y los gobiernos provinciales y municipales; continuar con el trabajo mancomunado con las oficinas del Registro de las Personas en articulación con los efectores de salud; e invertir en el fortalecimiento de los sistemas de información.
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Mejorar la equidad: corresponsabilidades, igualdad de género y digitalización. Las familias con niños, niñas y adolescentes titulares de la Asignación Universal por Hijo son cogestoras de la política. Son responsables de cumplimentar las corresponsabilidades, de verificar ante las autoridades públicas su cumplimiento y de administrar los fondos transferidos. El documento propone una serie de recomendaciones para disminuir el insumo de tiempo que aportan las familias (y dentro de ellas, las mujeres): eliminar las corresponsabilidades; eliminar – mientras se sostenga el esquema de corresponsabilidad – la disposición que suspende la prestación por no verificación de cumplimiento; y habilitar y fomentar el uso de billeteras virtuales.
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Financiamiento: Fondeo, presupuesto y comunicación. Es fundamental que la discusión respecto del fortalecimiento del esquema de transferencias incluya una estrategia consecuente a presupuestar y disponer de los fondos necesarios en el largo plazo. Esta conversación debe incluir un análisis de potenciales ahorros consecuentes con la integración de distintas prestaciones y sobre la necesidad de reorientar partidas de inversión con el fin de habilitar el espacio fiscal que priorice a niñas, niños y adolescentes.
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Institucionalidad: el rol del Congreso y del Poder Ejecutivo. El incremento paulatino de las transferencias a la niñez y la adolescencia necesita de que las fuerzas políticas acuerden una fórmula de actualización que sea lo suficientemente elástica a los vaivenes de la macroeconomía y su impacto sobre las familias, que permita la previsibilidad de las necesidades de inversión y que considere la sustentabilidad fiscal y, en consecuencia, la sustentabilidad de la protección de niñas, niños y adolescentes. El espacio para debatir la configuración que adopte esta fórmula es el Congreso de la Nación.
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