¿Qué alianzas hay entre gobiernos y empresas de telecomunicaciones frente al COVID-19?

Observatorio Argentinos por la Educación y con autoría de Carolina Aguerre (UdeSA).

Este documento explora 7 alternativas de alianzas utilizadas en diferentes países del mundo que podrían aplicarse en América Latina y, específicamente, en Argentina para ampliar el acceso de jóvenes a medios educativos virtuales: envío de contenido vía SMS, levantamiento de límite de datos con fines educativos, acceso gratuito a material a través del celular, entre otras.

Acceso gratuito a material educativo a través del celular, envío de contenido vía SMS, ancho de banda preferencial para la navegación de páginas de educación, elevar los límites para el uso de datos con fines educativos, distribución de dispositivos o de tarjetas SIM son algunas de las políticas públicas que pueden contribuir a reducir la brecha digital en el contexto de la pandemia de coronavirus

El informe “¿Qué alianzas hay entre gobiernos y empresas de telecomunicaciones frente al COVID-19?”, del Observatorio Argentinos por la Educación y con autoría de Carolina Aguerre, profesora e investigadora de la Universidad de San Andrés, explora algunas políticas públicas que podrían aplicarse en Argentina para ampliar el acceso de jóvenes a medios educativos virtuales.

El rating cero para contenidos educativos consiste en generar acuerdos con los operadores de internet móvil para que ciertas páginas de contenido educativo sean de acceso gratuito para cualquier persona con una computadora o dispositivo móvil. La operadora de internet móvil que adopte esta política puede detectar a través de su sistema de cobros los sitios que están siendo utilizados y establecer –previo acuerdo con el Ministerio de Educación– qué sitios deberían tener acceso gratuito irrestricto. Esta clase de política fue la adoptada en el desarrollo de “Facebook Zero”, implementada en varios países de África en 2013. En Argentina, ha habido acuerdos con compañías de telecomunicaciones para liberar distintas plataformas, como “Seguimos Educando” (https://www.educ.ar/).

El informe también menciona la posibilidad de elevar el límite de datos para contenidos educativos. La propuesta es, para aquellos usuarios que ya tienen planes de datos determinados, proporcionarles acceso gratuito a más datos exclusivamente para fines exclusivamente educativos. Un caso de implementación de esta política es Turquía, donde los estudiantes que, por ejemplo, tenían acceso a 4 GB en su plan original, a partir de la cuarentena pueden contar con 4 GB adicionales sólo para fines educativos (es decir, un total de 8 GB).

El envío de contenido educativo vía SMS a cualquier usuario que lo solicite, sin necesidad de tener acceso a internet, es otra política que requeriría de un acuerdo entre el Estado y las empresas telefónicas. Un caso de utilización de este medio fue Wikipedia Zero, que llegó a estar disponible en 72 países a través de acuerdos con 97 operadoras de telefonía móvil. El usuario solo debía enviar un SMS al número de teléfono de Wikipedia solicitando información sobre un tema, y recibía una respuesta automática con links gratuitos a artículos relacionados. Esta tecnología en principio parece obsoleta, pero no habría que descartar posibles usos.

Otras políticas posibles incluyen la asignación de acceso preferencial para contenidos educativos. Se podría acordar que los proveedores de internet brinden acceso preferencial a un cierto ancho de banda para la navegación de páginas educativas. Esto permitiría que todas las personas que accedieran a una página predeterminada tuvieran mejor conexión a internet y pudieran acceder al contenido con mayor velocidad. Hay quienes desaconsejan una política de este tipo por el postulado de la neutralidad de la red, que a su vez está recogido en la normativa argentina.

La distribución de dispositivos tecnológicos o de tarjetas SIM ofrece también alternativas para reducir la brecha digital. En el primer caso, en Argentina existe el antecedente de Conectar Igualdad, y otros programas provinciales de reparto de dispositivos (netbooks, tablets, etc.). La provisión de tarjetas SIM con acceso gratuito a internet o a ciertas páginas educativas para estudiantes y docentes podría resolverse por medio de acuerdos con empresas de telecomunicaciones, con el desafío de implementar procesos sencillos y expeditivos de registro de los chips.

El establecimiento de puntos de acceso público a internet es una medida que resulta eficiente para dar conectividad en puntos estratégicos de mucha circulación y en barrios carenciados con alta densidad de población. En un contexto de pandemia, esta estrategia tendría mayor utilidad en la medida en que los puntos de acceso tuvieran alcance suficiente para llegar a los hogares.

“Las políticas efectivas en materia de impulsar un mejor acceso a la infraestructura de redes y dispositivos deben ser diferenciadas y enfocarse primordialmente, sobre todo en la primera etapa, en los sectores sociales más vulnerables –plantea Carolina Aguerre, autora del informe–. Este trabajo describe las políticas para favorecer la conectividad y el acceso a dispositivos TIC. Esto es complementario del acceso a tecnologías tradicionales de información y conocimiento (contenidos educativos en medios de radiodifusión, o libros de texto). Diversos países han perseguido estrategias mixtas que se apoyan sobre estas tecnologías de carácter analógico”.

“Los países federales y extensos como la Argentina resolvieron la conectividad escolar con proyectos público-privados que crearon en los mercados regulados la categoría intermedia –entre los hogares y las empresas– de servicio de internet educativo”, explica Alejandro Artopoulos, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés.

“La emergencia educativa generada a partir del Covid-19 no sólo puso de manifiesto las inequidades, sino que aumentó las brechas existentes entre los diferentes sectores sociales y geográficos en el acceso a Internet. Las acciones de los gobiernos para facilitar el acceso a los contenidos evidencian que garantizar el acceso universal a internet debe ser una política pública, pensada y ejecutada desde los diferentes ámbitos: nacional, provincial y municipal, en estrecha colaboración con los demás actores intervinientes como empresas y cooperativas. De esta forma se podrá garantizar que las políticas logren dar respuesta a las complejas realidades actuales”, agrega Fabio Tarasow, coordinador académico del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso.