Con la participación de más de 1800 representantes de organizaciones de la sociedad civil, redes, colectivos y movimientos sociales, docentes, investigadoras/es, representantes de organismos multilaterales y autoridades políticas de América Latina y el Caribe, Portugal, España y Andorra, concluyó el Congreso Regional Experiencias Educativas 2021.
Las conclusiones alcanzadas surgieron de 3 ejes abordados: la profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para las y los estudiantes, reflejadas en un aumento de la desvinculación educativa, la pérdida de aprendizajes y las dificultades del sistema para promover la inclusión desde una perspectiva que contemple diversos perfiles estudiantiles y trayectorias educativas posibles. Así como una radical reconfiguración de la tarea de las y los educadores frente al reto de sostener procesos de enseñanza y mantener el vínculo socio afectivo con el estudiantado de manera remota o mediada por los protocolos sanitarios. E incluye el desafío del financiamiento educativo y el riesgo de profundización de los múltiples procesos de privatización y promoción de lucro en los sistemas educativos.
Ante estas variables, que se evidencian en toda la región, los participantes del Congreso expresaron los temas de urgencia que atraviesa la región postpandemia:
· Reivindicación de los saberes populares, emancipación y transformación social: para estimular el pensamiento crítico, para superar la construcción tradicional del conocimiento y la educación basadas en sistemas coloniales, esclavistas y patriarcales.
· Interculturalidad como enfoque transversal: Integrar enfoques interculturales transversalmente a todos los niveles y modalidades educativas, potenciando la valoración de las diferencias culturales e identitarias.
· No existe calidad educativa sin inclusión: igualdad de acceso y oportunidad para todas las personas migrantes, con discapacidad, e incluso en contextos de encierro, cumpliendo con un derecho humano, y promoviendo la escuela como un espacio de encuentro con la diferencia, un lugar donde se aprende a vivir la democracia y el conflicto sin violencia.
· Ampliación de espacios educativos: para garantizar el acceso, respetando la amplia heterogeneidad de formatos institucionales que responden a los variados contextos y territorios.
· Articulación de la política educativa: con áreas de salud y protección social para garantizar los derechos desde la cuna y dar respuesta a las necesidades de niñas y niños, a partir de un abordaje integral e intersectorial desde la política pública, que se extienda a todas las etapas de la vida.
· Implementación de mecanismos de participación: que ubiquen a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como actores protagónicos en la construcción de nuevos modelos educativos.
· Promoción de intercambios intergeneracionales: cimientan el desarrollo de políticas públicas, que además incluya debates pendientes sobre la educación laica, ESI y las desigualdades de género.
· Oportunidad de educación a lo largo de toda la vida: resultan estratégicas para la conformación de una ciudadanía informada, solidaria y comprometida con problemáticas globales que compartimos en tanto humanidad.
· Valoración del rol profesional de las y los docentes: reconociendo su centralidad en los procesos educativos de calidad a lo largo de la vida, mejorando sus condiciones de trabajo, sus salarios, y su desarrollo profesional -formación inicial, continua y trayectoria docente-.
· Conectividad como un derecho: La pandemia visibilizó las brechas digitales, con mayor impacto en los sectores más vulnerables, demandando la planificación de intervenciones efectivas en esta materia.
· Reconocimiento de la tarea educativa que llevan adelante las organizaciones comunitarias, sociales, cooperativas y sindicales: con propuestas educativas formales, no formales e informales, precisan un apoyo a través de legislación y financiamiento para la articulación y la transferencia de herramientas valiosas que aportan a la educación en general, respetando relativa autonomía e identidades, con reconocimiento profesional de quienes llevan adelante la tarea educativa y de gestión social.
· La centralidad de los Estados como garantes del derecho a una educación pública, gratuita, inclusiva, universal, pertinente, integral y adaptada a los distintos contextos estudiantiles: como constructor de políticas públicas y de presupuestos educativos a partir de un diálogo democrático y transparente con la ciudadanía, en contraposición a los procesos de privatización y de mercantilización de la educación.
· Implementación de mecanismos de justicia fiscal en el continente más desigual del mundo: la adopción de políticas de cooperación internacional y ayuda al desarrollo –sin que esto signifique deuda alguna ni compromiso de la soberanía sobre los contenidos -, que prioricen y permitan mejorar el financiamiento de la educación, entendido como un derecho habilitador de los demás derechos humanos. Es inevitable ampliar los recursos disponibles, asignando al menos el 6% del PIB y el 20% del presupuesto nacional para la educación, tal como los Estados se han comprometido al firmar la Agenda de Educación 2030.
· Justicia Educativa: incluida en los presupuestos educativos, sensible a las desigualdades de género y a las necesidades de los grupos marginados.
Esta iniciativa fue impulsada por la Fundación SES, junto a otras instituciones de América Latina y el Caribe, y también de Portugal, España y Andorra, estas son: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL); Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); OMEP; Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil; REPEM; Centro Internacional de Investigaciones (CII-OVE); Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Programa SPORTIC Aprender con deporte y tecnología; Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE); RED ENCUENTRO de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo; Universidad de Quilmes; Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnología y la participación del Ministerio de Educación de la Nación y el Observatorio del Derecho a la Educación. Y cuenta con el apoyo de: Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG); UNESCO; Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe para el Desarrollo Sostenible (MeSCALC); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y UNICEF.
Sé el primero en comentar