La República Argentina cuenta con un sistema educativo donde su mandato constitucional describe la responsabilidad provincial.
¿Qué es un sistema educativo?
Es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas llevadas a cabo por el estado (nacional, provincial y municipal) o reconocidos y supervisados por él a través del Ministerio de Educación nacional, provincial o municipal.
El sistema educativo comprende los distintos niveles de la enseñanza y sus modalidades,
Ahora bien ¿cómo acordamos y coordinamos un sistema educativo en un territorio tan amplio como es el de nuestro país? En el año 1972 se crea el Consejo Federal de Educación (C.F.E.) dicho organismo está integrado por los titulares de la carteras educativas de todo el país con el objetivo de “debatir” sobre las políticas nacionales a través de un trabajo articulado.
El CFE busca asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional, su presidente es el ministro de Educación de la Nación.
El CFE toma decisiones relacionadas con el funcionamiento del sistema educativo nacional, sus decisiones son “obligatorias” y de validez nacional a través de una resolución. Según la resolución 1/07; todas las jurisdicciones del país deben cumplir con lo resuelto por el CFE independientemente si la provincia está de acuerdo o no.
Si observamos la organización detallada no deja lugar a dudas en su funcionamiento y articulación, pero dicha afirmación está muy lejos de ser real.
La descentralización del estado nacional hacia las jurisdicciones provinciales se sustentó como necesidad de política fiscal más que de política educativa.
El federalismo educativo, instituido por la constitución nacional, no es una realidad aún. Los factores son múltiples pero a nivel institucional existen muchas lagunas en la organización y fundamentalmente ausencia de normas.
La política partidaria tiene una ponderación muy fuerte en el CFE, sin ir más lejos, dicho organismo fue partícipe necesario del cierre de escuelas durante la pandemia, sin grandes sustentos; tuvo preponderancia lo sanitario sobre lo educativo y su especificidad.
Las políticas educativas no son el resultado de procesos lineales, sino que son el producto de procesos sociales y políticos que conforman un campo de disputa y deliberación.
El CFE busca imponer ese proceso lineal y logra una tensión innecesaria entre la nación y las provincias, si de distribución de competencias en materia educativa hablamos.
Otro punto neurálgico que aleja la utopía del federalismo educativo es la con urbanización de la cultura y la política argentina.
La mayoría de los cuadros técnicos nacionales forman parte del AMBA, esto deja una concepción muy fuerte en la que 15 millones de habitantes de un espacio condicionan muchas veces la vida educativa de los 30 millones restantes.
Por lo tanto, es necesario salir de esa conurbanizacion para pensar un país integrado y en una unidad creativa, hacia allí hay que direccionar las políticas públicas educativas y para ello debemos definir que entendemos por federalismo educativo.
En esa dirección, debemos posicionar políticas públicas educativas que pongan especial atención en asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes, pero especialmente para los de mayor vulnerabilidad socioeconómica, reformar las evaluaciones docentes, mejorar la calidad de la formación docente; establecer una carrera docente horizontal con 2 opciones; para quienes se desempeñan en el aula y para quienes asumen funciones directivas y de supervisión, tal como lo establece el Art. 69 de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, año 2006.
El desarrollo de una cultura de la democracia depende de la constitución de actores sociales capaces de desarrollar formas de organización que le permitan formar parte en los procesos de debate y construcción de proyectos alternativos.
La ausencia de estas condiciones coloca una vez más la crisis de autoridad y legitimidad en el escenario nacional, lo que genera una recurrente situación de ingobernabilidad. Recuperar esa gobernanza con sustento democrático implica adoptar el sentido deliberativo de la democracia, en donde la deliberación es una forma de debate. La deliberación es política cuando lleva a una decisión que compromete a una comunidad.
El estado nacional tiene que construir gobernabilidad democrática y la gobernanza adecuada que permita la implementación de políticas públicas educativas.
Los interrogantes más importantes están dados por 2 preguntas preponderantes:
- ¿Cómo posicionar al estado nacional como garante del derecho efectivo a la educación?
- ¿Cómo generar nuevos e innovadores mecanismos que impacten sobre la desintegración educativa, para poder recomponer el carácter sistémico de la educación?
Mas allá de todo, la verdadera transformación de la educación, tiene que venir de la mano de un cambio cultural y un compromiso distinto de la sociedad, pero mientras ello no ocurra, no dejemos que organizaciones sin una concepción democrática destruyan lo poco que nos queda de educación.
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