Eximnistro de Educación de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires
La crisis que atraviesan los establecimientos educativos de gestión privada, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires, no está causada por cuestiones económicas. La encerrona en la que se encuentran fue provocada por la arbitrariedad y el desconocimiento de las autoridades del Ministerio provincial. Si verdaderamente comprendieran la raíz del problema, la situación del subsistema que ampara al 40% de la matrícula estaría solucionada.
Las mayores dificultades están concentradas en las escuelas de gestión privada que atienden a los sectores socioeconómicos medio y medio-bajo. Para un gran número de ellas, cuyas cuotas mensuales promedian los 3.000 pesos, el contacto con las familias es esencial. Haber impedido el funcionamiento de las secretarías multiplicó la morosidad e hizo caer de forma inédita las inscripciones, instalando una innecesaria incertidumbre sobre la continuidad del ciclo.
La desidia abandonó a su suerte a una cantidad incalculable de establecimientos que ven amenazada la permanencia en 2021 o ya anunciaron el cierre de sus puertas. En muchas jurisdicciones esto provocará el colapso del sistema entero, ya que los establecimientos de gestión estatal no están en condiciones de absorber a todos los estudiantes, más allá de los contratiempos que ocasiona en los chicos la pérdida de pertenencia a un grupo.
Hablamos de prejuicios fundadamente, ya que entre las actuales autoridades campea la idea de que todas las familias que envían sus hijos a estos establecimientos están en condiciones culturales y económicas de realizar transferencias bancarias y sostener el contacto mediante plataformas digitales. Eso puede ser parcialmente cierto en los establecimientos que cobijan a los sectores más acomodados que, ciertamente, no son los que presentan dificultades. Los que sí las tienen son las escuelas de cuotas módicas que, en su mayoría, atienden a sectores socioeconómicos medios o directamente bajos, donde los pagos presenciales, en plazos o planes a medida son la moneda corriente. En muchos casos porque se trata de familias no bancarizadas o con ingresos informales.
Más allá de los inconvenientes que los problemas de subsistencia de los colegios acarrean para los alumnos no es menor considerar, además, las fuentes de trabajo que se ven amenazadas entre los planteles directivos, de maestros, administrativos, auxiliares y de mantenimiento. En estos 5.600 establecimientos bonaerenses de educación común estudian un millón y medio de chicos y trabajan doscientos mil docentes.
Algunas de las cámaras que los agrupan han solicitado, hasta ahora sin eco en el Gobierno, incluir esta rama de la educación formal en programas como Ahora 12, que les permitirían cobrar lo adeudado y a las familias financiar sus obligaciones. Sí integran estos planes de cuotas las ofertas de educación no formal.
Hay voluntad de pago en las familias. Es necesario que en esta dimensión también se desplieguen la creatividad y el reconocimiento que posibilitaron salvar a numerosos rubros en este tiempo. Resulta paradójico que no se escuchen los reclamos de las asociaciones de propietarios que, como señalamos, son actores del conjunto que, independientemente del tipo de gestión, atiende necesidades educativas de la población.
La restricción no es económica: el monto requerido para honrar la Asistencia Extraordinaria expresada en el proyecto de Ley que impulsó Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense, sin apoyo del oficialismo, representa aproximadamente 320 millones de pesos mensuales. Esto es el 20% de los fondos que maneja la Dirección de Educación de Gestión Privada al mes, y menos del 1% del presupuesto del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Abandonarlos es una decisión política. Para que podamos darnos una mejor idea de la proporción: esos fondos que permitirían sostener a los establecimientos y su comunidad de familias y empleados son menores que los necesarios para mantener el programa ATR anunciado por el Gobernador Kicillof. Esa iniciativa, anunciada el 30 de septiembre y de la cual hasta ahora nada concreto se conoce, consistía en salir al encuentro de los 279.000 alumnos que perdieron contacto con la escuela durante la cuarentena por medio de estudiantes de la carrera docente.
Decíamos que se trata de una decisión política. Una que abandona los colegios donde se educan, en algunas jurisdicciones, la mitad de nuestros menores; escuelas que tienen mucho que ver con la historia, la cultura y la fisonomía de sus localidades; ámbitos donde las familias han encontrado, a lo largo de los años, un espacio para plasmar la libertad de formar a sus hijos de una manera determinada.
Por otro lado, este cerrojo fatal que la Administración impone al subsistema de gestión privada convive con un circuito paralelo, verificable sobre todo en el nivel inicial, con los jardines rodantes que atienden a las clases más favorecidas o los maternales informales.
Una vez más tenemos que decir, como cuando señalamos la necesidad de sostener la presencialidad, que tiene severas consecuencias y un gran peso simbólico abandonar la educación. Ignorar al subsistema de gestión privada también es dejar a un lado el futuro y sacrificar a sus chicos.
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