Se trata de la modificación y actualización de la ley de Enseñanza Privada que fue promulgada hace 42 años atrás, por lo que a partir de nuevos paradigmas, se incluyeron cambios significativos para la regulación íntegra de la educación pública de gestión privada, social y cooperativa en todo el territorio provincial.
La demora en la aprobación definitiva de la nueva Ley de Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa, que ya tiene media sanción del Senado (falta la aprobación en Diputados), generó malestar en los representantes de los colegios privados, que solicitan su aprobación cuanto antes. “Los centros educacionales públicos no estatales gozarán de libertad para su instalación, organización, funcionamiento y determinación de planes de estudio, sin otra limitación que las establecidas por la Constitución y previamente autorizados para su funcionamiento” manifestó al tiempo de considerar que “este proyecto de Ley, regula de manera íntegra la educación pública de gestión privada, social y cooperativa en todo el territorio provincial, cuya población estudiantil actual es de 21.862 alumnos y alumnas, activos, en todos los niveles y modalidades, distribuidos en 31 colegios de nuestra Provincia”.
Adecuaciones
La nueva ley prevé la distinción entre aranceles obligatorios y no; y la protección de los alumnos respecto de sus derechos y obligaciones. La ley tiene como punto fuerte que los tutores de los alumnos paguen un adicional por contribución de obras.
El aporte estatal estará dividido en cinco categorías de bandas arancelarias que repercutirán en el nivel de subvención. Esto definirá los cargos que se subvencionarán anualmente a partir de las respectivas POF (Planta Orgánica Funcional) de los colegios privados, estableciéndose que, quienes cobren una cuota más alta a los alumnos, tendrán un menor aporte estatal.
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