El Acuerdo del Cuadrilátero, firmado en 1822 entre Buenos Aires y las provincias del Litoral, había dispuesto la convocatoria de un Congreso Constituyente, que finalmente se reunió en Buenos Aires en 1824, dominado por los representantes porteños. El tiempo pasaba y no se avanzaba en la sanción constitucional, hasta que en el mes de abril de 1825 la expedición liderada por Juan Antonio Lavalleja y sus 33 orientales, consiguió liberar a buena parte de la Banda Oriental de la dominación portuguesa, sitiando a los invasores en Montevideo. Poco después, se convocó a un Congreso que proclamó la reincorporación de la Banda Oriental al Río de la Plata, decisión que fue refrendada por el Congreso Nacional de Buenos Aires el 25 de octubre de 1825. Poco después, el emperador del Brasil declaró la guerra.
Como respuesta, el Congreso Nacional decidió crear un Ejército Nacional y designar a un presidente, aún cuando se adolecía de una constitución que le diera un marco legal a la nueva autoridad. El 6 de febrero de 1826 se sancionó una Ley de Presidencia y el designado para desempeñar la primera magistratura no fue otro que el inefable Bernardino Rivadavia.
Aprovechando el control ejercido por la dirigencia porteña sobre el Congreso Nacional, y de las circunstancias excepcionales que generaba la guerra, Rivadavia impulsó una audaz ofensiva centralizadora, que incluyó la sanción de una Ley de Capitalización de la Ciudad de Buenos Aires y territorios adyacentes, la cesación en sus funciones del gobernador porteño Las Heras, la creación de un Banco Nacional controlado por capitales británicos y por financistas porteños, y la nacionalización de las instituciones y las acreencias porteñas, incluida la codiciada aduana. A continuación, una Ley de Consolidación de la Deuda Pública del Estado declaró hipotecada toda la tierra pública de la Nación, disponiendo la aplicación del sistema de enfiteusis a nivel nacional. También se intentó atraer al capital británico ofreciendo brillantes oportunidades de inversión, pero la iniciativa naufragó debido a una crisis que por entonces experimentó el mercado londinense. En 1826, como corolario de esta ofensiva centralizadora, se sancionó una Constitución nacional que adoptó el sistema representativo, republicano y unitario, que disponía además que los gobernadores provinciales serian designados por el presidente con acuerdo del Senado.
La caída de Rivadavia
A fin de afrontar la Guerra con el Brasil, Rivadavia reorganizó el Ejército e incrementó la Escuadra Nacional. Creo un Estado Mayor, y dispuso el envío del Coronel Gregorio Aráoz de Lamadrid para reclutar tropas en las provincias del norte. En lugar de cumplir con esta directiva, Lamadrid aprovecho para desplazar a las autoridades de Tucumán y hacerse con el control de la provincia. Lejos de desautorizarlo, el presidente lo alentó a abandonar el objetivo inicial y utilizar sus tropas para liquidar a los caudillos federales de la región. Sin embargo, fue derrotado rápidamente por Quiroga, quien sumaba a sus razones políticas cuestiones personales pendientes con el primer mandatario.
Si bien el curso de la Guerra con el Brasil resultaba favorable para las tropas rioplatenses, la derrota de Lamadrid se sumó a una serie de acciones que forzaron la salida de Rivadavia. Por un lado, el rechazo manifiesto de las provincias a una constitución que las convertía prácticamente en colonias de un sistema que tenía a Buenos Aires como metrópoli. La leyes de Capitalización de Buenos Aires y de Nacionalización de la Aduana le enajenaron el respaldo de los sectores ganaderos, que se inclinaron por respaldar el liderazgo de Manuel Dorrego, quien desde su rol de convencional constituyente había emprendido desde un principio una crítica a rajatabla de las iniciativas de centralización. Por último, la debacle interna de Rivadavia impidió la continuación de la Guerra con el Brasil, por lo que el presidente encargó la negociación de un acuerdo de paz al ministro Manuel García. Como resultado de las tratativas, García firmó el denominado “Acuerdo Deshonroso”, que reconocía la soberanía del Brasil sobre la Banda Oriental, acordaba el pago de generosas compensaciones en metálico a los brasileños por parte del Río de la Plata y el desarme de la Isla Martín García. Rivadavia rechazó el acuerdo, pero su capital político estaba consumido, por lo que renunció el 27 de junio de 1827. El Congreso se disolvió, las autoridades nacionales caducaron y la constitución fue desactivada. Las provincias, en tanto, recuperaron su autonomía y los bienes porteños fueron restituidos.
De este modo, de manera tan súbita como había sido impuesta, la centralización unitaria había caducado. Sin embargo, el liberalismo porteño no se daría por vencido. 35 años después, Bartolomé Mitre retomó el proyecto de Rivadavia con algunos retoques, con resultados muy diferentes. La clave del éxito de la iniciativa radicaba en la actitud que adoptara el líder del opositor Partido Federal frente a las pretensiones del liberalismo porteño. Para su fortuna, Justo José de Urquiza privilegió sus negocios personales, y se ubicó en las antípodas de Facundo Quiroga. Las consecuencias de su decisión le serían anticipadas por José Hernández, quien le auguró el destino de los traidores: la muerte bajo puñal federal.
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